Salud y Bienestar
Obesidad y sobrepeso, ¿y quién paga la cuenta?
La obesidad está asociada con un aumento en los costos directos e indirectos de atención en salud en Colombia, producto de un mayor número de atenciones, hospitalizaciones y servicios ambulatorios, derivados de las enfermedades asociadas que padecen cerca de la mitad de los pacientes. Los expertos hacen un llamado hacia la prevención y educación para cambiar este panorama en el corto y mediano plazo.
El sobrepeso y la obesidad son un grave problema de salud pública en Colombia. Se estima que 1,8 millones de personas padecen enfermedades crónicas producto del exceso de peso, lo cual le cuesta al sistema cerca de $5,7 billones (Aproximadamente, el 14% de los recursos para la salud en el país). El costo promedio de la atención anual de cada uno de estos pacientes asciende a $3,170.743.
Así se desprende del informe ‘Guía de Recomendaciones para el Manejo de la Obesidad/Carga económica del sobrepeso y la obesidad en Colombia’, publicado por la Asociación Colombiana de Endocrinología, y elaborado por el epidemiólogo, consultor e investigador, Jaime Ordóñez Molina.
En esta guía, el médico Ordóñez hace referencia al informe sobre los principales factores de riesgo relacionados con la carga de la enfermedad en el mundo, publicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que concluyó que el sobrepeso y la obesidad son el quinto factor de riesgo que genera mayor mortalidad en el planeta (5%), después de la hipertensión arterial (HTA), tabaquismo, diabetes mellitus (DM) y la falta de actividad física. Los estudios consideran que son un factor de riesgo moderno y que tienen un mayor impacto en los países de ingresos altos y medios. En Colombia ocupa el tercer lugar como factor de riesgo de mortalidad a pesar de ser reconocida como una, con lo que ello implica para la sociedad en general.
El estudio sobre Carga de Enfermedad por Enfermedades Crónicas No Transmisibles en Colombia señaló que en 2014 fallecieron más de 100.000 personas por enfermedad isquémica coronaria (EIC), enfermedades cerebrovasculares (ECV) isquémicas y hemorrágicas, cáncer, DM y enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). Asimismo, el número de casos nuevos de dichas patologías en el mismo año fue superior a 500.000, que se sumaron a los más de 12 millones de pacientes previamente diagnosticados con alguna de estas enfermedades. El sobrepeso y la obesidad están directamente asociadas a la aparición de estas condiciones crónicas.
Tendencias
Señala el epidemiólogo Ordoñez, que este es un costo muy alto ($5,7 billones) tanto en términos financieros como de salud pública. Y más, si se mira el último informe de la Encuesta Nacional de Situación Nutricional de Colombia -ENSIN- de 2015 que señala que la prevalencia del exceso de peso en el país es de 56,4 %, es decir, más de la mitad de la población tiene sobrepeso u obesidad.
“Esto significa que las enfermedades causadas por el exceso de peso continuarán aumentando a un ritmo mayor que el aumento natural de la población, pues el aumento de la prevalencia en el último decenio fue de más de 10 puntos porcentuales, representando un aumento relativo del 22,9% con base en el valor de la prevalencia del año 2005″, explicó Ordoñez.
A esta Guía se le suma el último informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en su informe ‘La pesada carga de la obesidad: la economía de la prevención’, en donde señala que el tratamiento de las enfermedades relacionadas con el sobrepeso y la obesidad costará alrededor del 8,4% del gasto en atención médica total (sin incluir el gasto en cuidados de larga duración), en sus países miembros. Según el documento, publicado en 2019, Colombia debe destinar el 6% de su gasto total en salud a esta enfermedad crónica.
El informe también señala que, en lo macroeconómico, el sobrepeso reduce el Producto Interno Bruto (PIB) en 3,3%, en promedio, en los países de esta organización y para el caso de Colombia sube un punto más y se ubica en 4,3 %.
También se deduce de este informe que la obesidad le cuesta al mercado laboral colombiano el equivalente a $13,7 billones anuales, es decir, más de $280.000 por habitante, distribuidos así: $67.000 por ausentismo, casi $7.000 por jubilaciones por incapacidad, $68.000 por efectos en la tasa de empleo, y $141.000 por presentismo (cuando el empleado asiste a trabajar, pero dedica el tiempo a otras funciones diferentes a las asignadas).
¿Qué hacer?
La gran salida a mediano y largo plazo para disminuir el sobrepeso y la obesidad en el país es una gran apuesta por la prevención de esta enfermedad, tal y como se contempló en la Ley de la Obesidad de 2009, porque no se puede seguir considerando como un tema estético.
Así lo propone el epidemiólogo Ordóñez, para quien es preocupante que “se perdieron 30 años del Sistema de Seguridad Social en Salud que demuestran que no tenemos la capacidad para hacer prevención. Este es un problema de salud muy grave y que cuesta mucho dinero”.
Él ve varios frentes para enrutar el camino correcto hacia la disminución de la obesidad y su impacto económico. “Un punto fundamental es que debemos dejar de ver el problema de exceso de peso como algo estético. Esto trasciende mucho más allá”. En su hoja de ruta incluye concentrarse en el 40% que no tiene sobrepeso y obesidad y dar un manejo integral al 20% de las personas con obesidad. “Colombia tiene 10 millones de personas que sufren obesidad, es casi la población de un país como Israel”, compara este investigador.
Plantea que poner impuestos a las bebidas azucaradas es una medida que no busca desincentivar el consumo porque al final “el que quiera tomar lo hará igualmente”, pero ese dinero sí entraría a fortalecer el presupuesto de la salud, trabajar más en la prevención y poder atender mejor a los pacientes. “Que quien esté generando el principal daño pague para reversarlo. Esta población va a necesitar tratamientos, atención y otras cosas más” enfatiza.
Con estos recursos, plantea, el sistema de salud podría trabajar fuertemente en el desarrollo de programas de promoción y prevención, con acciones que incentiven el ejercicio para todas las personas sin importar su edad en colegios y empresas, incluso en las calles, con ayuda de las cajas de compensación, entre otras instituciones públicas y privadas que tuvieran la disposición de unirse a esta buena causa.
Y así, en la medida en que se establezcan impuestos para quienes generan ‘el daño’, también propone crear beneficios tributarios para aquellas empresas que diseñen programas de bienestar, enfocados en hábitos favorables para sus empleados, teniendo en cuenta que “las personas saludables suelen ser más productivas”, finaliza el doctor Ordoñez.