Murió Alfredo Molano, el hombre que no se cansó de buscar la paz

La primera vez que Alfredo Molano Bravo (Bogotá, 1944) visitó los Llanos Orientales tenía diez años. No recuerda exactamente si fue en junio o en julio de 1954 cuando viajó con sus padres a la finca de un tío cerca del río Humadea, en el municipio de Guamal (Meta). Lo que sí rememora con precisión es la libertad que sintió al ver un amanecer llanero desplegándose en el horizonte. Es una sensación que lo acompaña en cada uno de sus viajes.

Ya perdió la cuenta de las veces que ha recorrido la Orinoquia y la Amazonia. El interés por escrudiñar el origen del conflicto armado lo llevó a cruzar sabanas, bosques y ríos a lomo de mula. 30 años llegando a los lugares más recónditos del suroriente de Colombia. Su trabajo es el sueño de cualquier periodista: escuchar testimonios de quienes viven en estas regiones y recogerlos en libros. Algunos de esos textos son: Del llano llano, Selva adentro, A lomo de mula. Viajes al corazón de las Farc, Apaporis, viaje a la última selva, Dos viajes por la Orinoquia de Colombia y Los bombardeos de El Pato.

Son testimonios que más parecen clases de historia. En ellos cuenta el surgimiento del secretariado de las Farc, el auge de cultivos de coca, el detrimento ambiental, la diversidad étnica en medio de actores armados y las dinámicas de la violencia que no habían sido visibilizadas en estas zonas.
 

Las tres décadas que Molano les ha dedicado a las Orinoquia y la Amazonia lo convierten en un experto del suroriente del país. Por esa razón fue elegido comisionado para ambas regiones dentro de la Comisión de la Verdad, el organismo que salió de los acuerdos de paz entre el gobierno y las Farc para esclarecer qué ocurrió durante más de 50 años de guerra.

Este sociólogo y periodista lidera un equipo que recogerá los relatos de víctimas, victimarios y testigos del conflicto armado en Meta, Caquetá, sur de Casanare, Vichada, Guaviare, Guainía, Vaupés y Amazonas. Son 512.576 kilómetros cuadrados los que agrupan estas zonas.

En noviembre de 2018, la Comisión empezó su despliegue territorial después de un periodo de alistamiento y una fase exploratoria donde identificaron actores locales y estrategias para recolectar la información. Ese trabajo contribuirá al informe que el organismo debe entregar en tres años.

SEMANA RURAL habló con Molano sobre los retos que tendrá buscando la verdad en esas regiones y lo que representa para su vida personal esta labor.

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¿Qué significan para usted los Llanos Orientales y el sur del país?

Un gran desafío, porque están siendo atacadas violentamente por la agroindustria. Las compañías están acabando con esteros, morichales y humedales. Tienen a la selva corrida. Y la deforestación es muy agresiva, más desde que las Farc salieron de estos territorios. Las multinacionales están destruyendo recursos naturales, la altillanura está invadida por empresas que ni siquiera son colombianas. Siembran aquí lo que no pueden sembrar allá. Es decir, comida producida a muy bajo costo, y esto nos explica un poco lo que pasó con los paramilitares, que abrieron espacio a las grandes empresas.

¿Cómo y por qué llegó el conflicto a esta región?

Llegó desde la persecución contra los liberales del sur del Tolima y al entonces recién fundado Movimiento Agrario en el Sumapaz. Hostigaron a campesinos que, en búsqueda de protección, huyeron hacia la cordillera Oriental quienes terminaron en los ríos Duda, Guayabero, Ariari medio y Cagúan.

Allí algunos se organizaron como una guerrilla. Otros colonizaron y repartieron tierras como era su objetivo. Naturalmente esto tiene que ver con un tema de poderes y esa razón los convirtió en un dolor de cabeza para el gobierno de entonces, que enseguida empezó la ofensiva militar sistemática. Por otro lado, la economía inestable de cosechas hizo que las tierras de colonos cayeran en manos de comerciantes y estos terminaran acumulando latifundios. Ahí surge el conflicto social. Por supuesto la guerrilla tomó partido y las dificultades que había en las cosechas fueron remplazadas por la siembra y producción de coca. Esto se convierte en una fuente financiera que les permite expandirse. Ahí está la mamá del conflicto

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¿Qué ocurrió realmente en la Orinoquía y la Amazonia durante el conflicto armado? Hay todavía un velo muy grande sobre la verdad en estas regiones...

En La Macarena (Meta), por ejemplo, al igual que en Calamar o Miraflores (Guaviare) la gente fue sacada de sus tierras para sembrar grandes hectáreas de coca. Esta mata fue creciendo y arrinconó a los campesinos hasta los parques naturales, donde hay un conflicto todavía. También vemos cómo lotes y fincas quedaron libres y fueron copadas por ganaderos, políticos y empresarios. En 1995 se crearon territorios colectivos que hoy conocemos como Zonas de Reserva Campesina. Sumado a esto, se junta la defensa de la tierra, la incursión a la política y el nacimiento de la Unión Patriota, a la que exterminan. Esto provocó que los Llanos Orientales pasaran de liberales a conservadores.

Todo eso que le cuento ocurrió, pero todavía hay verdades ocultas. Hay asesinatos, masacres y desapariciones no reconocidas por el Estado. Hechos que no fueron registrados por la prensa.

En diciembre del año pasado ocurrió una masacre en Mapiripán, hay presencia de disidencias y a líderes sociales los siguen amenazando. ¿Por qué no se ha ido la violencia en estos territorios?

Primero por el arraigo que tiene la guerrilla en estas zonas de colonización. Segundo, porque allí es donde se puede sembrar coca. Es decir, hay una fuente de financiación grande. Al controlar los territorios controlan el precio, algo que fortalece a las disidencias.

Pero la coca solo es una expresión del conflicto social. El problema es el transporte, la descomposición de la tierra, la inflación de la ganadería y del latifundio. Es eso lo que sostiene a la coca, y al final es lo que sostiene a la misma guerrilla. Aún no ha llegado todo el aparato del Estado a estos lugares.

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¿Qué dificultades podrían presentarse durante el proceso de esclarecimiento de la verdad en ambas regiones?

Las víctimas son el centro de nuestra misión por mandato legal. El obstáculo principal es la resistencia. La verdad la han contado muchas veces y no ha pasado nada, muchas instituciones despojan a la gente de su información, de su intimidad y es claro que hay una resistencia fundada. Por otro lado, encontramos que después de la entrega de armas, hubo una ‘primavera’: la gente se sintió liberada para contar, pero la aparición de las disidencias volvió a silenciar a estas personas.

En resumidas cuentas: la desconfianza al Estado y el miedo a la guerra.

Se sabe que actores políticos y económicos de la Orinoquia y la Amazonia participaron del conflicto, ¿usted cree que están dispuestos a contar la verdad?

Contarán la primera parte. Ellos se identifican como víctimas y por eso algunos decidieron apoyar grupos paramilitares.  Yo creo que ellos están dispuestos a narrar esa parte, cómo han sido victimizados. El segundo paso es más complejo, habrá que esperar. El informe se hace con todas las versiones, pero hay empresarios y políticos que contando la verdad pueden evadir la justicia más drástica. Así que de manera hipotética nuestra certificación de que contaron la verdad les permitiría acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
 

¿Cómo trabajarán con víctimas y victimarios al mismo tiempo, en dos regiones donde muchas veces víctima y victimario son el mismo? Lo pregunto porque muchos excombatientes de las Farc o exparamilitares fueron reclutados a la fuerza...

Yo lo tengo resuelto a través de las historias de vida. Por ejemplo, la historia de un comandante guerrillero como ‘Romaña’: él nace en el corregimiento de Medellín del Ariari (El Castillo, Meta), crece y vive en medio de la violencia hasta que se transforma en un temido victimario. No es justificación, solo es su historia.

Nosotros vamos a trabajar a través de una figura llamada ‘Patrones’, modalidades regulares de la guerra. La historia de vida nos habla de un panorama regional, lo individual confiere a lo general. No nos da cuenta de todo, pero sí la parte cualitativa de la Comisión de la Verdad, una verdad mayúscula, profunda.

Ya 310 reclusos de la cárcel La Picota en Bogotá (desmovilizados de Farc y Autodefensas Unidas de Colombia) están dispuestos a contar su versión. Esto es como una bola de nieve: entran algunos, pero contar la verdad implica acusar a otros, así que esto cada vez va creciendo.

¿Tienen casos puntuales en esas regiones a los que les dedicarán más tiempo o los esfuerzos serán mayores?

Hay dos crímenes donde se concentran la fuerza de la guerra: las masacres y las desapariciones forzadas. Estas han sido las herramientas del despojo de tierras. Y de alguna forma explica la lógica histórica del conflicto, así que son muy significativos para nosotros. Por supuesto, sin dejar de un lado los demás crímenes.

¿Qué tanto afecta el incumplimiento de los acuerdos de paz y la polarización política con la confianza para hablar con las víctimas y los responsables de hechos ocurridos?

Nos afecta mucho las rebajas presupuestales para la Comisión del 40 por ciento, pero también nos afecta la deslegitimación al sistema de Verdad, Justicia y Reparación. Si un sector ataca la verdad, a los acuerdos de paz, a la JEP, las cosas se hacen más difíciles, porque cuando una persona se calla, callan muchas. Pero cuando una persona habla, hablan muchas. Hay inercia en los dos sentidos.  Nosotros tenemos una responsabilidad moral e histórica de rescatar la verdad.

Y ahora vienen elecciones regionales…

Por supuesto, este año trae complejidades. Es un año turbulento regionalmente, entonces esto afecta la decisión de la gente al hablar. Es complejo porque tenemos solo tres años. Un gran soporte ha sido cooperación internacional: si se debilitan alianzas con entidades territoriales, nos sostiene cooperación con sus proyectos. En ese sentido una cosa compensa a la otra, pero pues no es la idea. Necesitamos a todos apoyando.
 

¿Los que están en los Espacios Territoriales de Reincorporación y Capacitación (ETRC) están en la obligación de contar la verdad?

 Nosotros ya conocimos todos los espacios de reincorporación, pero hasta ahora estamos acercándonos, así como lo estamos haciendo con las juntas de acción comunal y las mesas de víctimas.

Todos quienes se acojan a contar la verdad lo hacen de manera voluntaria o a través de una invitación, no es obligación. Y toda la información que nosotros recojamos no sirve para reparar administrativamente, ni es válida para ningún tribunal de justicia, ni siquiera la JEP. Solo sirve para hacer el informe final. Lo que si podemos hacer es certificar que contaron la verdad para que se acojan al sistema de justicia.

La región de Amazonia hoy sufre por la deforestación y otros delitos ambientales. ¿Habrá un capítulo o espacio para hablar de esa relación entre violencia y medioambiente?

Hay un capítulo especial que es el indígena, a través del enfoque étnico. Nosotros hemos sostenido la imagen del territorio como víctima, no solo la naturaleza, sino el territorio, el medioambiente, el entorno para la gente, la cultura y sus tradiciones.  Estamos detrás de precisar ese delito que no es tan claro en la legislación. También nos acercaremos a mesas hídricas y movimientos ambientales.

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¿Habrá algún capítulo especial para investigar sobre el exterminio de la Unión Patriótica en el departamento del Meta?

Totalmente, a pesar de que ya hay dos informes, uno de la UP y otro del Centro Nacional de Memoria Histórica, cada uno tiene su mirada. Nosotros haremos un tercero, no para ser jueces sino para formar nuestra propia versión.

Este es un tema que me duele mucho, un asesinato duele. Pero los desaparecidos son puntos suspensivos de dolor.

Por: Paula Castañeda | Colaboradora Sur del Meta

@PaulaCasta20