Voces a prueba de balas: Cecilia Mantilla, guardiana de los ríos

Cuando cuenta su historia, Cecilia Mantilla hace énfasis en que no escogió ser líder. Insiste en recordar que llevaba una vida tranquila como pescadora antes de que uno de los más grandes proyectos hidroeléctricos del país se hiciera del río Sogamoso.

Sabe que nunca podrá volver a vivir del río; desde que Hidrosogamoso funciona, hace cuatro años, ya no se puede pescar, minear ni hacer turismo en él. Ahora, además de intentar preservar lo que queda de esta fuente hídrica, su lucha es para que la empresa privada y el Estado reparen a las comunidades con alguna nueva fuente de alimento y trabajo. 

Esta es la tercera entrega de Voces a prueba de balas, una campaña del programa Somos Defensores para proteger a los líderes sociales a través de la difusión de sus historias.

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En un minuto, Cecilia Mantilla cuenta en qué consiste la causa por la que a diario arriesga su vida.©SOMOS DEFENSORES.

«Mi nombre es Cecilia Mantilla Torres. Nací en el municipio de Betulia, Santander. Vivo en el sector La Playa de la vereda La Putana, donde se construyó la represa de Hidrosogamoso. Soy pescadora, vendedora de pescado y agricultora.

Uno no nace para ser líder, a mí la imposición de la hidroeléctrica me hizo convertirme en lideresa en 2009. Llevaba, así como mis vecinos, una vida tranquila. No éramos millonarios pero teníamos una empresa que era el río Sogamoso; ahí pescábamos, sacábamos piedra, hacíamos minería artesanal y algo de turismo. Era una empresa que no nos pedía hoja de vida ni nos discriminaba.

Desde que existe la represa ya no podemos depender del río. Esa es nuestra principal petición al Estado y a Isagen: que nos reparen para que podamos vivir como antes. También hemos reclamado por la contaminación que ha causado la obra.

No nos pusieron atención y las familias de la zona decidimos, en 2011, organizarnos como Movimiento Social por la defensa de los ríos Sogamoso y Chucurí. Lo primero que hicimos fue un plantón en la sede de Isagen el 14 de marzo, Día mundial de la acción contra las represas.

Otra acción indispensable para avanzar en la defensa de nuestros territorios ha sido la formación en derechos. Ya no nos vuelven a coger desprevenidas cuando una empresa pretenda llegar al territorio, ya sea pública o privada, nacional o transaccional.

También hemos iniciado un proceso de formación a niños y jóvenes, pues es necesario que nuestro proceso sea sostenible en el tiempo y esa es la única forma de garantizarlo.

Por mi trabajo defendiendo los derechos al agua, la vida y el territorio, mi familia y yo hemos sido blanco de amenazas. El 17 de septiembre de 2013 amenazaron a mi hija; en ese entonces yo era la representante del Movimiento y ella era vocera.

Ella estaba en su casa cuando llegaron unos hombres desconocidos, le apuntaron con un arma en la cabeza, le dieron un cachazo y le dijeron que nos atuviéramos si seguíamos interviniendo a nombre de la comunidad. Se despidieron anunciándole que esa era la primera advertencia, que a la segunda no nos perdonarían.

Eso fue impactante para la familia y para la comunidad. En ese momento uno no sabe ni qué hacer y por esas amenazas uno se estanca, se queda paralizado.

En 2014, la situación en la zona se hizo más crítica cuando llenaron la represa. Empezaron a emanar malos olores a causa de los peces muertos y la materia orgánica que había quedado en la zona del embalse.

Fueron seis meses viviendo con esos olores, con problemas respiratorios y en la piel, hasta que no aguantamos más. Nuevamente el 14 de marzo, pero de 2015, las mujeres del Movimiento decidimos caminar durante dos días desde Betulia hasta Bucaramanga para denunciar este problema en la Gobernación de Santander. Allá los hombres de la comunidad nos esperaban con comida que habían preparado, bebida y agua para bañarnos.

Intentamos hablar con el entonces gobernador, Richard Aguilar, pero nos cerró la puerta en la cara. Eso nos dio mucha soberbia y las 73 familias caminantes decidimos quedarnos en el parque frente a las oficinas de la Gobernación. Fueron seis meses viviendo a sol, al agua y al sereno en ese lugar.

Luego de mucho insistir, en medio del plantón, logramos dialogar con la empresa y llegar a un acuerdo: se comprometieron a entregarnos un terreno de 50 hectáreas para que las 73 familias tuviéramos dónde cultivar. Era menos de una hectárea por familia, pero si trabajábamos juntos podíamos lograr mucho, así que dijimos 'del ahogado, el sombrero', y aceptamos el trato.

Tres años después, la tierra no ha sido entregada y ese acuerdo solo logró dividirnos. En 2016 me amenazaron directamente pues algunas personas de la comunidad decían que por mi culpa la empresa había incumplido el acuerdo. Llegaron donde mi mamá a advertirle que si yo me seguía metiendo en lo de las tierras iban a mandarme una motico para que me callara la jeta y dejara de joder.

A raíz de eso me quedé quieta un tiempo. Los rumores y chismes se han calmado, gracias a Dios. Hoy sigo reclamando mis derechos y los de las comunidades porque no podemos negar que estamos pasando necesidades, no estamos viviendo bien».