El caserío de Urabá que le apostó a la paz

“En la guerra se mueren los hijos de los pobres y ambos bandos luchan por un país mejor, mientras que a los responsables de la violencia no les pasa nada, por eso había que parar esta guerra”. Así empieza su discurso Joverman Sánchez, más conocido como ‘el Manteco’ o ‘Rubén Manteco’, antiguo comandante del Frente 58 de las desmovilizadas FARC.

En la guerra ‘Manteco’ fue famoso por participar en combates como la toma a Pavarandó y Tamborales, o el ataque que la guerrilla hizo a Carlos Castaño en su base del nudo del Paramillo. En la paz, en cambio, Sánchez se está haciendo célebre por liderar uno de los procesos de reincorporación más exitosos del país a pesar de todos los tropiezos institucionales.

Sánchez nos atiende con varios compañeros suyos en un kiosko redondo de madera, detrás de unas casas campesinas cuyos patios se conectan en medio de gallineros, huertos frondosos y estanques de peces. Es el pequeño caserío que 70 ex combatientes de las FARC levantaron junto a sus familias en el paraje de San José de León, una vereda de Mutatá (Antioquia) a la que se llega internándose en la Serranía del Abibe por una trocha que se adentra en la montaña por varios kilómetros, sobre un desvío de la carretera que va para Turbo.

La subregión del Urabá está llena de contrastes violentos. Por un lado se advierte la pujanza inocultable que ha convertido a Apartadó en pequeña metrópoli con grandes centros comerciales y proyectos urbanísticos, mientras del otro lado campean los índices de pobreza multidimensional en municipios vecinos como Turbo, San Pedro o Arboletes, que alcanzan topes de entre el 50 y 70% de la población, según el DANE, y además está la pobreza de la misma Apartadó, cuyos barrios marginales son invasiones de campesinos desplazados, asentamientos insalubres, en zonas de riesgo por inundación y sin cobertura de servicios básicos.

Los empresarios bananeros y palmeros de la región promovieron una pacificación exitosa que tuvo su origen en la ofensiva paramilitar de las CONVIVIR durante los años noventa. Es verdad que consiguieron arrebatarle el control a los grupos guerrilleros, pero ello ocurrió en el marco de un proyecto sistemático de masacres, violación a los Derechos Humanos y despojo de tierras a las comunidades campesinas y afrodescendientes, como lo ratifica el Tribunal Superior de Antioquia en una sentencia proferida el pasado 12 de marzo.

En los procesos de paz de los últimos treinta años Urabá ha tenido siempre algún capítulo. Ha habido por lo menos tres intentos locales de acoger combatientes a la vida civil, primero con los reinsertados del Ejército Popular del Liberación, después con la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia, y ahora con la reincorporación de los excombatientes de las FARC que operaban en la región, asentado en tres zonas: Llanogrande (Dabeiba), San José de León (Mutatá) y Brisa (Riosucio, Chocó).

“Aquí estamos, hay mucha gente que nos ha apoyado, como la iglesia y los alcaldes -asegura Joverman Sánchez-, pero también hay otros que han atacado al proceso de paz y nos han atacado a nosotros, como el exgobernador Luis Pérez”.

La firmeza de esta apuesta por la paz viene desde que el frente 58 se concentró junto al embalse de Uré, en Córdoba. Ubicados inicialmente en la vereda Gallo de Tierralta , allí no encontraron ni la posibilidad de desarrollar proyectos productivos, ni la forma legal de adquirir tierras porque la zona pertenece al Parque Natural Nudo del Paramillo.

Además, tuvieron una serie de incumplimientos y agresiones al proceso que generaron desconfianza. Náder, uno de los desmovilizados, fue capturado por el Ejército ilegalmente durante varios días en predios de la zona de agrupamiento, lo que acrecentó la desconfianza. Estos inconvenientes, que parecen calcados de decenas de Espacios Territoriales de Reincorporación por todo el país, no fueron un obstáculo para ellos, pues rápidamente decidieron abandonar la zona. “Lo que se haga allá es tiempo y dinero perdido -dice Sánchez refiriéndose a los líos jurídicos que impidieron desarrollar apuestas productivas-. Yo le aseguro que, si el gobierno hubiera cumplido con tierra y vivienda, los proyectos productivos estarían funcionando”.

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Fue así como el 5 de noviembre de 2017 los excombatientes asentados en la vereda Gallo viajaron en varios camiones con sus gallinas, chivos y marranos a bordo, para buscar cómo construir un nuevo punto de agrupamiento en el Urabá. Náder cuenta que al principio acamparon en un potrero cerca de la vía que terminó convertido en un pantanero. Con una vecina de San José de León negociaron un predio de 25 hectáreas que compraron entre todos aportando cada uno parte de los dos millones y medio del dinero que recibieron con la primera renta básica que otorgaba el gobierno. “Todo lo han hecho prácticamente sólos, es realmente admirable la dedicación y el esfuerzo” reconoce Pilar Plaza, una cooperante española de la Pastoral Social de Apartadó que ha acompañado el proceso.

En dos años han levantado 42 casas, nueve estanques piscícolas con los que aspiran a lograr una producción de más de cinco toneladas de pescado, tienen ya la escuela que funciona con apoyo de la Pastoral Social, con aportes y trabajo voluntario llevaron electrificación a la vereda y abrieron a fuerza de pica y pala cinco kilómetros de carretera para comunicar su caserío y al resto de la comunidad con la vía Medellín-Turbo, lo que les ha granjeado el respeto y apoyo de los vecinos. “Trabajábamos de siete de la mañana a cuatro de la tarde, todos, hasta los niños ayudaban -cuenta Joverman Sánchez-. Un empresario de la región nos ayudó con unas máquinas para acondicionar los terrenos, otros amigos nos colaboraron con clavos, zinc, tubos para desviar el caño que pasaba por la mitad del caserío”.

El entorno local los acogió mucho mejor de lo que esperaban. Los alcaldes de Riosucio y Mutatá fueron explícitos en manifestar apoyo y respaldo total al proceso de paz, así como la iglesia católica, que se presentó en cabeza de monseñor Hugo Torres y el sacerdote Leónidas Moreno pocos días después.  Hugo Torres, obispo de Apartadó, asegura: “Vemos muy positivo lo que han logrado los reincorporados en San José de León. Ellos mismos tomaron la iniciativa, ellos compraron la tierra y son los gestores de ese desarrollo, son un modelo de lo que debe ser la reinserción. Falta que la institucionalidad los acompañe más, sé que la policía y el ejército los han apoyado y los protegen, pero falta que el gobierno les entregue tierras”.

Tras la avalancha del río Apartadó que dejó miles de afectados en Apartadó el 29 de octubre de 2019, los reincorporados de San José de León aportaron remesas y alimentos para los damnificados, así como trabajo voluntario colaborando en la reconstrucción de las viviendas, un gesto que fue aplaudido por la población.

El programa del PNUD para Colombia les aportó 30 millones de pesos que sirvieron para montar tres de los nueve estanques de peces con capacidad para 9 mil alevinos. Su meta es llegar a 42 estanques de peces, uno por cada familia, que les permitirían criar 40 mil pescados. Han recibido capacitaciones del SENA y la Universidad de Antioquia, e incluso se plantean en conjunto con la diócesis de Apartadó un proyecto de producción de semillas de sacha inchi.

¿El secreto? Sánchez y sus compañeros sólo atinan una respuesta: el trabajo colectivo. La cohesión del grupo no se ha roto y conservan las mismas estructuras de mando que tenían en la guerrilla, lo que les ha permitido sortear las dificultades y encarar las labores en común. En enero por fin el gobierno nacional realizó los primeros desembolsos de dinero para los proyectos productivos que, según los acuerdos de La Habana, deben emprender los excombatientes para su reincorporación. Un retraso inexcusable que, sin embargo, no ha impedido a los reincorporados de San José de León avanzaran por sus propios medios en la reinserción a la vida civil.

No obstante, sobre el proceso de paz pesan las amenazas, los señalamientos y la zozobra política que ha enrarecido el clima de paz y reconciliación. Uno estos señalamientos vino de un artículo publicado en El Espectador en marzo citando supuestas fuentes de la policía que acusaban a Joverman Sánchez y sus compañeros de ser narcotraficantes, información por la cual luego el periódico tuvo que rectificarse. “Lamentablemente la inseguridad en el país se ha agravado, pero eso lo que está demostrando es que el actor que provocaba esa inseguridad no era las FARC”, asegura Joverman Sánchez, al referirse a los cerca de 200 ex guerrilleros y a los más de 600 líderes sociales asesinados. “Son cifras escalofriantes. Yo lamento la decisión de los compañeros que han vuelto a las armas, con eso se pierde la oportunidad de dar esta pelea por otros medios”.

Contra todo pronóstico, Urabá no se ha convertido en un foco de disidentes y deserciones masivas de guerrilleros, como ha ocurrido en Cauca, Caquetá o Putumayo. Una de las respuestas podría encontrarse en que las Autodefensas Gaitanistas o “Clan del Golfo”, el grupo criminal que opera en la región hace años, ha hecho saber por diferentes medios que no le interesa atacar a los reincorporados. “Nadie nos ha amenazado, nos movemos por toda esta región, nos relacionamos con los campesinos. No hay razón para amenazarnos, nosotros estamos es trabajando”. Sobre la actitud del Ejército y la Policía hacia ellos también tienen un veredicto claro pues ha sido de “absoluto respeto”.

La paz, después de todo, podría ser algo similar a lo que ocurre en San José de León: un montón de tropiezos, de baches, de vueltas y revueltas, un montón de esfuerzos y sacrificios para no volver jamás a la guerra.

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