Familias de Urabá que perdieron sus tierras firmaron un histórico acuerdo con la empresa privada

Sueños derrumbados en medio del estruendo

“Hoy la vi, fue casualidad
Yo estaba en el bar, me miró al pasar
Yo le sonreí y le quise hablar
Me pidió que no, que otra vez será”.

Mientras la voz de Leonardo Favio se escuchaba en la radio, por primera vez Hoover Antonio Quintero y María Bergenet Rubio se miraban a los ojos con gesto de enamorados. A su lado, una botella de gaseosa a medio tomar era testigo del nacimiento de su amor. María estaba segura de que su relación sería eterna. “Hoover significó tanto para mí, que me quedaron cuatro de sus hijos. A mí me enseñaron que la familia era para toda la vida, que era lo más importante, y ese hogar que conformé por pocos años era muy bueno. Era mío”,dice.

Desde que se conocieron su conexión fue inmediata. Aprendieron a querer los defectos del otro. “Él era impaciente, pero yo le conocía sus cosas. Siempre estaba lista para que el día rindiera”, cuenta María. Así fue su relación, primero en Apartadó, donde tuvieron su primer hijo. Después en Turbo, donde llegaron tres. Allí, además de desempeñarse como mecánico, Hoover encontró su vocación: fue líder social, comunitario y luego concejal.

La tranquilidad duró poco. Hoover empezó a militar en la Unión Patriótica y pronto empezaron las amenazas. En 1988 salieron del casco urbano de Turbo para vivir en la vereda Casanova. “Fue estar en medio de la intemperie. No había nada hecho, dormíamos bajo un plástico, expuestos a las serpientes y al agua. Todo para huír”. Entonces, tabla a tabla, construyeron su casa. Vivían de la tierra, en Casanova tenían árboles frutales, ganado, y hasta una pequeña represa donde criaban pescado.

Su vida, desde entonces, fue un vaivén de lugar en lugar. La persecución contra los líderes de la UP estaba disparada en el país y Turbo no fue la excepción. En 1990 asesinaron a Candelario Pérez, exsecretario del concejo del municipio, muy cerca a su casa. El genocidio contra el partido ocurrió en su mayoría en Urabá. De acuerdo con el Centro Nacional de Memoria Histórica, un tercio de las víctimas estaban en esta región. Para María, la vida se ensombreció. Pasaron tres años y las amenazas siguieron.

Una noche, cuando estaba enferma y esperaba que le confirmaran una operación, Hoover le dijo, con la misma ternura con la que le habló por primera vez cuando tenía 19 años, que no se preocupara:“mija, mañana nos vamos, si Dios quiere, a confirmar su cirugía y mercamos”. Al día siguiente, a las seis de la mañana, Hoover salió en su moto a hacer una vuelta, mientras María se arreglaba rápido para estar lista y no hacerlo esperar.

Pasaron unos cinco minutos cuando, a lo lejos, se escuchó un estruendo. “Los sueños de la familia se caen al piso. Una de las bases más firmes de nuestro hogar se fue. Quedé sola para sostener a mis hijos”, dice María. Entre lágrimas y miedo volvieron a desplazarse, primero a casa de su madre, en la vereda San Jorge. Luego a Medellín, ciudad que la abrumó. Según la Unidad de Restitución de Tierras sólo en 1996 fueron asesinados 21 integrantes de la UP en Turbo.

Tratar de construir un hogar

“Estuve del timbo al tambo hasta que me arriesgué a volver”, recuerda María. La maleza cubría algunas de las paredes de su casa, pero sola, otra vez de tabla en tabla, volvió a construir sueños que creía perdidos. “Me tocó enfrentarme al mundo sin nada, sin una carrera, sin trabajo, sin Hoover, pero tenía que levantar a mis hijos—dice—.Entonces cogí el machete, desmonté el monte y me puse a cultivar”. 

Cargaba racimos de plátanos por caminos maltrechos para alimentar a su familia. El miedo seguía latente. Pero no había más opción que quedarse. A medida que las AUC se adueñaron de la región, empezó la estigmatización. “Para ellos, mis hijos eran la descendencia de un guerrillero”. Encontrar hombres armados en los caminos cercanos a su casa se convirtió en rutina.

“Vivía con miedo y la violencia estaba en todas partes. Cerca de la casa, llevaban personas al bosque y no las volvías a ver. Cuando dormías te preguntabas si al otro día seguirías viva”, cuenta María. Encontrarse a los paramilitares fue inevitable. A su hijo mayor lo detuvieron por estar en el lugar equivocado, al del medio le robaron la moto, y al más pequeño lo querían reclutar.

Entonces apareció un señor extraño que, dinero en mano, ofreció comprarle sus tierras. No era mucho, tan solo les alcanzaba para huir, pero su mamá le dijo: “mi Dios no abandona a nadie”. María aceptó la oferta del hombre: malvendió su predio y sus gallinas para jamás regresar. “Es como si te arrancaran parte de tu vida porque dejaste lo que tanto te ha costado. Ahí queda la sangre de quien fue tu compañero, tu dolor, el sudor que le metiste a tu hogar. Quedan los recuerdos de niñez de tus hijos, tu proyecto de vida. Todo para que tu familia no esté en peligro”.

Según el informe sobre despojo de tierras en el Urabá presentado por el Instituto Popular de Capacitación (IPC), la Corporación Jurídica Libertad, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y la Fundación Forjando Futuros, entre 1996 y 1997, la usurpación del territorio pasó por el asesinato de 226 líderes sociales. De acuerdo con el informe, en Urabá se presentaron 6880 solicitudes de restitución, que comprenden 6371 predios y 4159 personas.

La nueva esperanza que renace en Casanova

María hace parte de los reclamantes que, en diciembre pasado, fueron reconocidos ante la Unidad de Restitución de Tierras como víctimas de despojo en la vereda Casanova.  El pasado 27 de abril, ellos alcanzaron un acuerdo con la Sociedad Portuaria de Urabá (Pisisí S.A), en el que esta empresa los reconoció cómo víctimas y los compensará por sus tierras perdidas entre 1993 y 2004.

El acuerdo: La sociedad portuaria de Urabá se comprometió en la creación de una empresa, que será propiedad de las víctimas y pasará a ser parte de una relación a largo plazo con Pisisí. Además pondrá un predio donde construirá viviendas para las personas que fueron afectadas por el despojo de tierras en Casanova. 

El Puerto Pisisí es un proyecto de desarrollo, ideado en 2014, que busca construir el primer puerto de carga en la región de Urabá. Esta idea, según varios miembros de la comunidad, representa una oportunidad de desarrollo integral para la región. Según los cálculos de la propia empresa, en Turbo se generarían 1.200 empleos directos en diferentes áreas. 

Para las familias víctimas, el puerto significó más persecusión. Pues luego de que Pisisí estuviese a punto de recibir su resolución en 2015, la Unidad de Restitución de Tierras y la Agencia de Infraestructura tuvieron que detenerlo. “Hubo una presión tremenda por parte de la comunidad cuando se destapó que estábamos exigiendo nuestro predio—dice—.Vinieron las amenazas otra vez, nos declararon personas no gratas para el pueblo y  mis hijos empezaron a correr riesgo”.

Años antes, sus hijos John Fernando y Vanderley, ambos abogados, estudiaron a fondo la Ley 1448 de 2011 y se dieron cuenta de que podían presentar su caso ante el Estado. “Hágale, mijo, que sea lo que Dios quiera. Allá quedó media vida y todos nuestros sueños—le dijo María a John— . ¡Hagámosle!, estamos en las manos de Dios y del Estado”.

Fue un proceso largo y difícil, pero cuando creyeron que todas las puertas estaban cerradas apareció la Fundación Forjando Futuros, que se ha especializado en estos casos, y tomó su proceso. “Creyeron en nosotros cuando nadie más lo hizo. Les contamos nuestra historia y cómo salimos de nuestra tierra”, explica María.

El compromiso de las víctimas: En el acuerdo, las familias reclamantes y sus representantes se comprometen a mediar sobre los procesos de reclamación para que los organismos del Estado autoricen la realización del puerto, sin desistir a las medidas de reparación que aún les debe la URT. Precisando que Puerto Pisisí no fue auspisiador, ni propició los hechos de desplazamiento.

“Este es un acuerdo histórico, que muestra que las empresas, el Estado y las comunidades no pueden ver a las víctimas como invasores, como delincuentes—explica Gerardo Vega, director de Forjando Futuros—. Este acuerdo las redignifica como personas y abre la puerta para que a nivel nacional se entienda que las empresas deben ser parte del diálogo y pueden ser clave en el proceso de reparar a las miles de víctimas de despojo”.

Para María fue una forma de mostrarle a la comunidad que ellos jamás se opusieron al Puerto, que lo único que querían era un reconocimiento del Estado. Que la sociedad entendiera que fueron parte de un proceso histórico de abandono, muerte e invisibilización.

Por parte de Pisisí, fue una reivindicación ante estas personas y una forma de mostrar que las empresas son fundamentales en el proceso de reparación a las víctimas. “Este camino que hemos recorrido nos ha permitido conocer, reconocer los errores y entender la importancia de la Ley de víctimas, que protege los derechos de todas las partes que intervienen en el proceso. Eso se manifiesta en el acuerdo que hemos firmado”, dice José María Díaz, representante legal suplente de Pisisí y emisario de los inversionistas del proyecto.

Hay noches en que María se levanta asustada por los ruidos a lo lejos. El miedo, dice, es difícil de perder. Hoy, gracias a la firma del acuerdo, su ilusión ha vuelto a despertar. No recuperará a Hoover, ese jóven que cuando tenía 19 años le dedicaba canciones de Leonardo Fabio y le escribía poemas. Tampoco volverá a su castillo de tierra y madera, donde crió a sus hijos y los sacó adelante a punta de plátano. Pero al fin reconocerán a su familia y le darán parte de la reparación que merece. Aún falta la del Estado.

Si quiere conocer el acuerdo suscrito entre Puerto Pisisí y las víctimas lo puede hacer en el siguiente enlace: Acuerdo por la integración social y desarrollo de Urabá

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