¿Qué es primero, la seguridad o la inversión?

Por décadas, el escenario principal del conflicto colombiano ha sido la ruralidad. Ahí, la presencia de grupos armados y la entrada del narcotráfico han agudizado la inseguridad y eso, sumado a la poca presencia del Estado, ha acrecentado el atraso y las brechas del campo respecto de las ciudades.

Las economías ilícitas, que han germinado de la mano de ese panorama, han repercutido sobre todo en temas de desarrollo, otra de las grandes falencias de los territorios por fuera de las ciudades. La minería ilegal, deforestación, narcotráfico y el tráfico de armas han repercutido directamente en la producción de la tierra, inversión y confianza para emprender.

Ahí, durante años, las autoridades se han planteado la pregunta de si es la seguridad la que atrae la inversión y por ende el desarrollo, o si es al revés. 
 

Desarrollo y ruralidad

No obstante, el panorama de seguridad en el campo parece ver una luz al final del túnel, a juzgar por las palabras del Teniente Coronel Yimmy Gómez, jefe del área de seguridad ambiental de la dirección de Carabineros de la Policía Nacional.

Esa dirección, explica el uniformado, que es la encargada de la seguridad rural, puso a rodar el plan “Colombia Bicentenaria Seguridad con Legalidad 2019-2022”, en el cual es protagonista el Sistema Integrado de Seguridad Rural (SISER). 

Detalla este oficial que el objetivo de este programa -que será presentado en la Primera Gran Cumbre Colombia Rural este miércoles, en el Auditorio Hall 74, en Bogotá- es priorizar las zonas donde delitos como el homicidio, secuestro, extorsión, hurto, entre otros tienen mayor impacto para el mantenimiento de la convivencia y seguridad ciudadana. Afirma el Coronel Gómez que este año ya se han visto los primeros resultados.

"Ha ocurrido una disminución en los delitos cometidos en la ruralidad. Los hurtos a residencias y a personas se han reducido en un 8 y un 7 por ciento respectivamente, mientras que la extorsión se redujo en un 21 por ciento. Además, este año ocurrieron 60 casos menos de secuestro y en el caso de los homicidios la disminución fue de 22 casos comparados con los 6.500 asesinatos cometidos en 2018", dijo.

Además se destinó una inversión para  la seguridad rural de 26 mil millones de pesos para 2019.
 

Para María Alejandra Vélez, directora del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (Cesed) de la Universidad de los Andes, sin embargo, aún hay muchos pendientes. “Hay grandes retos que enfrentan los territorios como el asesinato de líderes sociales, la expansión de los cultivos ilícitos tras la desmovilización de las Farc. Las disidencias, el ELN y bandas criminales están copando estos territorios, lo cual implica violencia e inseguridad”, aseguró Vélez.

Esta experta explica que la situación de desarrollo y seguridad en el campo deben ser procesos complementarios y además se debe restablecer la confianza y legitimidad de la institucionalidad.
 

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Estas visiones sobre la relación seguridad y desarrollo y la manera como se entienden plantean la necesidad de dar una discusión sobre las funciones que debe tener cada una de las entidades involucradas en la política de seguridad (Fuerza Pública, Alcaldías, Juntas de Acción Comunal, etc.) y así tener claridad sobre los objetivos de seguridad en cada región.

Y esto es, precisamente, lo que abordará la Cumbre de la mano de expertos como Pierre Lapaque, representante en Colombia UNODC; María Victoria Llorente, directora de la Fundación Ideas para la Paz; Coronel Yimmy Gómez, jefe del área de seguridad ambiental y recursos naturales de la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural de la Policía Nacional; y Marino Córdoba, representante legal AFRODES.