Veneno del cielo: el riesgo de los bananeros en Urabá

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Mayte Rudiño tiene 15 años y se despierta cada mañana con un sonido que le recuerda cómo la vida de su mamá se convirtió en un calvario. No necesita alarma para llegar a tiempo al colegio, pues desde las seis y media empiezan a sonar, como un taladro, las aeronaves  que fumigan con agroquímicos las plantaciones bananeras contra el hongo de la sigatoka negra.

Por si acaso, Mayte y sus hermanas menores no salen de la casa hasta que terminan los sobrevuelos. Por si acaso, en el colegio también buscan techo: “El profesor de educación física nos manda a meternos al salón cuando están fumigando”, cuenta.

Ese mismo ruido que parece determinar las jornadas de los pobladores rurales de Apartadó, Turbo y Carepa, en el Urabá antioqueño, fue para Dina Luz Nerio un anuncio tardío de su pesadilla.

Era 22 de diciembre de 2016 cuando la mamá de Mayte, Maryliz y Maricela lo escuchó. Dina estaba abonando banano en la finca donde trabajaba hace un año y corrió a meterse debajo de unas hojas, pero fue muy tarde. “Ya pa’ qué...si la avioneta me había fumigado”. Así recuerda Clara Nerio cómo su hija de 30 años le contó del accidente al llegar a la casa.

Esa noche se bañó varias veces, pero la rasquiña en la cara y en los brazos no la dejó dormir. Pasaron tres días hasta que Dina decidió ir al hospital, le dijeron que tenía una dermatitis por contacto y le dieron de alta el mismo día con un antialérgico y un desinflamatorio.
 

El diagnóstico

A pesar de sentir picazón y dolores ocasionales en las articulaciones, Dina siguió trabajando en la finca. Pero en enero sus síntomas pasaron a ser mucho más que una incomodidad: aparecieron brotes en la cara, úlceras en la boca y la piel simplemente se le caía. Según recuerda Clara, su hija llegó a contemplar que el origen de esos males estuviera en la brujería. Fue entonces cuando volvió al hospital y le dieron el verdadero diagnóstico: “lupus eritematoso sistémico posterior a exposición a organofosforados por fumigación aérea”.

En otras palabras, todo era consecuencia de esa enfermedad autoinmune que puede afectar cualquier órgano, pues las proteínas encargadas de proteger el cuerpo terminan destruyendo los tejidos sanos. A Dina se le cayeron el pelo y las uñas, le fallaron los riñones y sentía un intenso dolor al tragar.

“Ella se quejaba toda la noche y yo le daba una cantidad de pastillas que conseguía por tutela. Empezó con acetaminofén y al final solo la aliviaba la morfina”, recuerda Clara desde la terraza de su casa en Carepa, con los ojos llorosos durante todo el relato.

En muchos pacientes el lupus suele permanecer latente, sin síntomas, hasta que se activa por factores hormonales o medio ambientales. Maria Claudia Díaz, internista y reumatóloga del Hospital San Ignacio de Bogotá, explica que, aunque “no existe una relación directa (entre el lupus y la exposición a agroquímicos), algunas sustancias pueden activar cambios inflamatorios y mediar procesos auntoinmunes en personas susceptibles genéticamente. Lo mejor es evitar la exposición”. 

Enfermedad general

Esa fue la sentencia que condenó a Dina Luz, a su mamá y sus tres hijas a un viacrucis médico de 18 meses. La primera puerta que les cerraron fue en Positiva, la Aseguradora de Riesgos Laborales a la que estaba afiliada, pues se negaron a cubrirle el tratamiento contra el lupus bajo el argumento de que esta era una “enfermedad general” y por ende no era consecuencia de su accidente laboral. De esa respuesta vino la primera de muchas tutelas, que un juez falló a su favor y ordenó a Positiva cubrir los gastos del tratamiento.

Mientras tanto, Dina siguió vinculada a la empresa Bananeras Fuego Verde y trabajaba en la finca los días que el cuerpo amanecía con fuerzas. Pero las incapacidades se fueron haciendo más largas; pasó de durar 5 o 10 días sin trabajar, a tres meses hospitalizada en Medellín.

Así fue como las hermanas Rudiño Nerio se acostumbraron a tener a su mamá -y junto a ella, a su abuela- en un hospital. “Yo si acaso venía a la casa a lavar, a prepararle una mazamorra para llevarle y me regresaba a la clínica”, cuenta Clara en un acento cordobés que permanece intacto aunque llegó a Urabá hace más de 30 años, atraída por el auge del banano.

Mayte, a sus 14 años, terminó asumiendo las responsabilidades de mamá en la casa: “Claro, así fue que yo aprendí a cocinar y a hacer el aseo”, cuenta desde la sala, rodeada de cuadros con fotos de Dina en su primera comunión, en algún reinado, en sus quince años.

En su papel de hermana mayor, Mayte rogó que la dejaran visitar a su mamá en el Hospital de Apartadó con el compromiso de “ser fuerte y no llorar”, pero las súplicas de las tres generaciones de la familia no lograron convencer al personal del hospital.

“¿Mi hija se está muriendo?”

Todos los días Clara abordaba a los médicos con la misma pregunta desesperada: “doctor, dígame la verdad, ¿mi hija se está muriendo?”. La respuesta siempre estaba cargada de optimismo, pero ella sabía que Dina estaba sufriendo, aunque los tubos para respirar no le permitieran decirlo.

En medio de sus visitas diarias al hospital, Clara se aferró a una esperanza: que trasladaran a Dina a una clínica de Medellín donde la habían tratado antes con buenos resultados. En cuanto el médico pidió el traslado, alistó las maletas y organizó a las niñas para que se quedaran con sus tíos.

Pero faltaba un trámite más: que la EPS Coomeva diera la orden. Emprendió entonces una nueva lucha que terminó en una nueva tutela, incluso fue a hablar con el director de la EPS: “Me le pegué una emberracada porque estaba cansada de que me dijeran que en 24 horas daban la orden”, dice Clara en un tono fuerte que se escucha incluso por encima del ruido de los aviones que no dejan de sobrevolar Carepa.

La respuesta a la tutela llegó la mañana del 10 de julio de 2018. El juez le devolvía la esperanza a Clara, pero en pocas horas el destino se la arrebató. Esa misma noche, tras un mes y tres días de hospitalización, Dina Luz murió en el hospital de Apartadó.

Para Clara Nerio la lucha terminó ese 10 de julio. Cerró definitivamente el capítulo de las tutelas y las súplicas cuando la empresa le entregó 3 millones de pesos por la liquidación y las cesantías de Dina. “¿Usted cree que eso es lo que vale la vida de una persona?”, se pregunta entre lágrimas.

Tiene claro que nada le va a devolver a su hija, por eso dice que no denunciará a Caaisa, la empresa de fumigaciones que, según reportes de la Aeronáutica Civil, estaba regando agroquímicos en el día y la hora del accidente de Dina.

Hoy Clara vive su duelo al tiempo que se las arregla para mantener a sus tres nietas. En esa misión la ayudan sus otros hijos, todos trabajadores del banano.

Cada vez que Eminson Moreno se presenta a una entrevista de trabajo en una finca bananera surgen dos preguntas que le dan un mal indicio: “¿Qué le pasó en el ojo?” es la primera. Cuando explica que perdió la vista luego de que le cayó químico de una fumigación aérea surge la segunda: “¿Y demandó a la empresa?”

En ese momento confirma que no lo van a contratar a pesar de tener experiencia “en todas las labores del campo”: sabe embolsar, amarrar, deshojar y empacar banano. Porque en el Urabá antioqueño el campo es sinónimo de banano.  

Ya van cuatro entrevistas en tres meses y todas terminan igual. Cuenta que ha mandado más de 20 hojas de vida pero ya lleva dos años, desde que ocurrió el accidente, rebuscándose en lo que salga. “Mi hermano trabaja en una platanera y a veces, para colaborarme, me dice que le haga el trabajo del día”, cuenta en medio de la humedad que cubre las tardes de Currulao (corregimiento de Turbo).

Una nube en el ojo

El accidente que vivió Eminson, ese que causó la sombra blanca que hoy cubre su ojo izquierdo y despierta tantas preguntas, ocurrió el 16 de febrero de 2016. Por esos días trabajaba como garitero, es decir, llevando los desayunos y almuerzos a los empleados bananeros desde el pueblo hasta las fincas. En Urabá, incluso quienes no trabajan con el banano viven de él.

Eminson tenía 38 “clientes” en dos fincas y cada uno le pagaba $14.000 por quincena, es decir, mensualmente se ganaba alrededor de un millón de pesos. Como todas las mañanas, ese día acomodó en la moto tres canastas con desayunos y los entregó sin problema en la primera finca. Cuando iba en la vía hacia la segunda, escuchó la aeronave más cerca de lo normal: “Iba en una curva, bajé la velocidad para que no se regara la comida, y pasó la avioneta. Yo llevaba el casco pero es abierto y me cayó veneno. Enseguida sentí el ardor, la piquiña”.
 

Ese mismo día empezó el recorrido médico de Eminson en el centro de salud de Currulao, donde le recetaron gotas y lo mandaron para la casa. Los dos días siguientes continuó con su trabajo a pesar de tener la visión borrosa y una rasquiña que empeoraba con el sol. “El gariteo es un trabajo independiente, pero es un compromiso diario con los trabajadores porque ellos madrugan, se van y esperan que la mujer le mande la comida con uno”.

Cinco días después del accidente, consiguió una cita en el Hospital de Apartadó, donde le diagnosticaron una úlcera en la córnea. La doctora, además, le indicó que tenía el 90 por ciento del ojo izquierdo infectado y debían trasladarlo a Medellín o a Montería para extraerlo, antes de que comprometiera el derecho. “Ahí vinieron las lágrimas. Lógico, porque acá hay cuatro pelaos pequeños y yo estoy al frente de ellos”, recuerda desde el patio de su casa mientras señala hacia los cuartos con una sonrisa.

La orden de la Eps para trasladarlo nunca llegó y, para fortuna de Eminson, lo mandaron directamente a un oftalmólogo en Apartadó que le ofreció un panorama mucho más optimista: “Si usted confía en Dios y en la droga que le voy a mandar, matamos la infección”.

Fueron dos meses en los que debía aplicarse dos gotas diferentes en el ojo cada hora. Un tratamiento que tuvo que cubrir por su cuenta, con la ayuda de amigos, familiares y créditos, pues no hace parte del Plan Obligatorio de Salud (POS).

Recuperar el ojo, perder el trabajo

El efecto de las gotas era tan fuerte que debía pasar casi todo el día encerrado, en reposo y sin luz: “El dolor de cabeza era impresionante, sentía que me retumbaba hasta con el pálpito del corazón”. Así lograron salvar el ojo, pero no la vista, que solo podrá recuperar con un trasplante de córnea. Eminson lleva dos años en la lista de espera.

En esos dos meses, mientras se aferraba a la fe, las medicinas y el reposo, Eminson perdió su trabajo. Por un lado, tuvo que entregar la moto que usaba para garitear (y de vez en cuando para hacer de mototaxi) porque no había terminado de pagarla. Pero también  perdió la ruta que tenía como garitero porque, aunque este es un trabajo informal, tiene sus normas: “Cada garitero tiene su ruta. Como yo duré varios meses sin salir, otro cogió mi ruta... podría comprar otra pero me toca esperar a que alguno se aburra y me la venda”, explica y desvía la vista cuando su ojo se cansa de mirar a un mismo punto.

Eminson y su familia se aferran al trasplante para conseguir trabajo. Le juega en contra el hecho de haber demandado a Calima, la empresa que estaba fumigando en la hora y lugar del accidente, según registros de la Aeronáutica Civil.

Aunque en la demanda Eminson le reclamaba a Calima una indemnización por todos los daños económicos y familiares que causó el accidente, terminó conciliando con la empresa por un valor mucho más bajo del que pedía. La razón es sencilla: presión. “Tenía encima el crédito gota a gota y mientras tanto esos pelaos sin comida, sin los cuadernos pal colegio. Me decían que si no aceptaba, eso se podía demorar años”.

Entre tanto, el presidente de Augura responde que los casos de personas afectadas por las aspersiones aéreas de pesticidas son “excepcionales” y que el sector cumple con todas las normas al fumigar. Restrepo hace especial énfasis en que “todos los agroquímicos que se usan están aprobados por el ICA (Instituto Colombiano Agropecuario)”.

Sobre este punto, encontramos que efectivamente ninguno de los 15 agroquímicos que usan  las empresas bananeras aparecen en la lista de prohibidos o restringidos por el ICA (la última vez que el ICA prohibió un plaguicida fue en 2004). Sin embargo, cuatro de ellos (Impulse, Banaclean, Reflect 125 EC y Seeker 750 EC) son categoría II en Colombia, es decir, "altamente peligrosos" y siete más hacen parte de la categoría III o "moderadamente peligrosos".

Adicionalmente, otro de los productos (Duronil 720 SC) tiene un componente (Clorotalonil) calificado como “de uso restringido” por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos; la justificación es que “tiene el potencial de causar efectos adversos no razonables para el medio ambiente y lesiones a los aplicadores o espectadores sin restricciones adicionales”.
 

¿Dónde está el error?

El Decreto 1843 de 1991, que regula el uso de plaguicidas en Colombia, cumple 28 años. En él se exigen medidas para evitar que las fumigaciones con agroquímicos afecten la salud humana y el medio ambiente.

Una de ellas consiste en evacuar personas, animales y alimentos del área mientras ocurre la fumigación aérea. Según el Presidente de Augura, las empresas fumigadoras cumplen con esta exigencia, pues “siempre se evita que en la plantación bananera haya personal cuando se está fumigando para evitar que les caiga”.

Pero los trabajadores afectados dicen  lo contrario. Leider Anaya denunció los efectos en su piel y en un ojo en 2018, luego de que le cayó pesticida desde una aeronave que fumigó mientras él garruchaba (transportaba el banano en un cable-vía) en la finca. Él cuenta que entre los empleados de las bananeras existe algo así como un protocolo informal para autoprotegerse de las fumigaciones: “Cuando el avión fumiga nos salimos de la finca, así no nos avisen. Si no alcanzamos a salirnos, nos escondemos debajo de las hojas para que no nos caiga el químico”.
 

La norma también les prohíbe a los pilotos “sobrevolar poblaciones, acueductos, escuelas y demás lugares que representen riesgos para la salud humana y la sanidad animal y vegetal”. Al respecto, habitantes de poblaciones como Currulao o Carepa cuentan que los aviones pasando sobre sus viviendas y colegios se han vuelto parte del paisaje: “Aquí la gente sabe que hasta las 7 y media de la mañana no puede salir porque están pasando las avionetas. Por eso tampoco nos atrevemos a usar el agua lluvia”, cuenta Clara Nerio, habitante de Carepa.

Juan Fernando Gómez, ingeniero de Corpourabá, lo confirma al asegurar que las principales quejas que reciben son por sobrevuelos. “A veces veo alguna avioneta pasando por el área urbana. ¿Por qué? Quién sabe qué fue lo que pasó”.

Otra de las exigencias del Decreto es que se mantengan las aeronaves y equipos de aspersión “en perfectas condiciones de calibración y funcionamiento”. El ingeniero Gómez revela que en los últimos ocho años han ocurrido fallas mecánicas en los aviones y, como consecuencia, los pilotos se han visto obligados a descargar el químico aleatoriamente para perder peso y evitar estrellarse. Según reportes de Corpourabá, van ocho accidentes de este tipo entre 2011 y 2018, además de un aterrizaje de emergencia y una colisión.