Plan de emergencia para el campo
En la reactivación poscovid el país puede solucionar problemas históricos de la ruralidad, mientras genera miles de empleos y potencia la productividad de un sector estratégico para la economía. La Segunda Gran Cumbre Colombia Rural planteó varios caminos para esto.
Por décadas, en Colombia ha hecho carrera el postulado de que cuando se alcance el desarrollo del campo será posible superar los innumerables conflictos que han atormentado y, en el mismo círculo vicioso, empobrecido al país. De la mano, se ha posicionado el discurso de que será posible robustecer la economía y convertirse en una despensa para el mundo si se mejoran las condiciones y la productividad en estas zonas que albergan unas 40 millones de hectáreas aptas para la actividad agropecuaria.
Esa ha sido la premisa básica de los múltiples intentos de reforma agraria, incluido el punto uno que resultó del Acuerdo de Paz de La Habana. Sin embargo, los años han ido pasando y la Reforma Rural Integral no se ha implementado, mientras los indicadores sociales y las condiciones de estos territorios siguen siendo lamentables.
Por eso, del 10 al 13 de noviembre se llevó a cabo, a través de las plataformas digitales del Grupo Semana, la segunda edición de la Gran Cumbre Colombia Rural, un espacio que reunió a autoridades, sector privado, campesinos, academia, sociedad civil y comunidad internacional para debatir cómo este momento, en medio de la reactivación económica pospandemia, puede ser la oportunidad de apostarle de manera definitiva al campo colombiano.
Durante el encuentro, el viceministro de Desarrollo Rural, Juan Camilo Restrepo, defendió la gestión del Gobierno nacional y el plan de 130.000 millones de pesos que han preparado desde el Ministerio de Agricultura para los próximos meses. “Con el programa ‘Juntos por el campo’ tenemos varias líneas para garantizar la reactivación económica de nuestra sociedad desde el campo y la ruralidad”, dijo.
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Entre los frentes de trabajo, el funcionario resaltó los apoyos de hasta el 30 por ciento para la compra de agroinsumos, el incentivo al transporte de alimentos que brindaron durante el confinamiento, los 32.000 millones de pesos destinados para un banco de maquinaria, la línea de crédito ‘El campo avanza’, que focaliza bajas tasas de interés para los productores agropecuarios; y la plataforma ‘Campo a un clic’, que conecta a pequeños productores y compradores a través de Internet.
Para los próximos meses, el viceministro aseguró que trabajarán en fortalecer las alianzas productivas y los esquemas asociativos con un presupuesto, inicialmente, de 40.000 millones de pesos que esperan ampliar a 110.000 millones con recursos de vigencias futuras. Además, esperan intensificar el programa de extensión agropecuaria para llevar asistencia técnica a unos 500.000 productores del campo, un programa que no solo mejora las condiciones de producción de los campesinos, sino que puede generar miles de empleos.
“Esta asistencia la vamos a acompañar del fortalecimiento de bienes públicos. En Colombia hay más de 120.000 kilómetros de vías terciarias y nos proponemos en estos dos años que quedan de Gobierno intervenir por lo menos unos 25.000 kilómetros que nos permitan sacar nuestros productos del campo a los mercados”, aseveró Restrepo.
De izquierda a derecha, Juan Camilo Restrepo, viceministro de Desarrollo Rural; Cecilia López, exministra de Agricultura; Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC); y Luis Alejandro Jiménez, presidente de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc).
Este plan, aunque apreciado por los demás participantes de la Cumbre, resultó insuficiente de cara a las necesidades de la ruralidad y a las oportunidades que puede traer una mayor inversión en el campo. La exministra de Agricultura, Cecilia López, criticó la estrategia del Gobierno en tanto se enfocó en reactivar la oferta y no la demanda, en un momento en que millones de colombianos perdieron sus ingresos y cayeron en la pobreza.
“Es inaudito que haya hambre en las ciudades, donde tenemos según las encuestas del Dane un 20 por ciento de la gente que no alcanza a tener tres comidas diarias, y se estén perdiendo las cosechas en el campo”, dijo López, quien propuso un plan de emergencia, haciendo especial énfasis en las mujeres rurales, las más afectadas durante la pandemia.
El plan que propone la también exsenadora consiste en jalonar la demanda a través de la generación de cientos de miles de trabajos de emergencia por parte del Estado, de manera que los colombianos salgan de la línea de indigencia y jalonen el desarrollo de las zonas rurales. Además, insiste en la urgencia de que el Ministerio de Educación permita a los menores del campo regresar a los colegios y que el Ministerio de las TIC duplique el esfuerzo de llevar conectividad a estas regiones apartadas. Ambas estrategias, dice López, tienen la clara intención de reducir la carga de cuidado de las mujeres, que ha aumentado de manera desproporcionada durante los meses de la pandemia, y así puedan retomar las actividades laborales.
En el mismo sentido se expresó Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC). Con cifras en mano, el dirigente gremial aseguró que el Gobierno nacional puede ejecutar 1,5 billones de pesos en vías terciarias hasta el 2022 y los Gobiernos locales pueden acceder a recursos de regalías por el orden de 2,3 billones de pesos para el mismo fin. Esta inversión, asegura Bedoya, es estratégica porque mejorará la competitividad del campo, pero especialmente porque cada mil millones de pesos invertidos en la red terciaria pueden generar hasta 200 empleos.
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“Que el Estado brinde bienes públicos como vías, educación y conectividad, y que los productores del campo fortalezcan la asociatividad y la empresarización para tener más volúmenes de producción y ser más competitivos en los mercados internacionales”, expresó Bedoya, para quien no se debe perder tiempo buscando nuevas recetas, sino concentrarse en la ejecución de las soluciones han sido diagnosticadas hace muchos años.
Además, Luis Alejandro Jiménez, presidente de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc), llamó a que se revisen los tratados de libre comercio, se haga control directo de los precios de los agroinsumos, se implemente la Ley de Compras Públicas, se intensifique la entrega de baldíos y se diseñe una estrategia para la comercialización de la economía campesina.
Quizás, aunque no fuera propiamente una propuesta, lo que más llamó la atención fue el anuncio que hizo Jiménez sobre un referendo campesino en el que trabajarán los próximos meses y que se suma a los dos mecanismos de participación ciudadana que están promoviendo las fuerzas políticas desde el Congreso de la República.
“Vamos a promover un referendo para que la suerte del campo no sea la decisión de un Gobierno o de un Congreso, sino que sea el pueblo colombiano el que se pronuncie y diga cuáles son las medidas más estables para los campesinos”, dijo el representante de esta organización gremial y social.
Invertir donde la guerra golpeó y la inequidad impera
De la mano de estas propuestas, en la Cumbre también se presentaron varias alternativas enfocadas a acelerar la implementación del Acuerdo de Paz y el cierre de las brechas de género en la ruralidad. El alto consejero para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, explicó que en las últimas semanas se dieron dos buenas noticias para la inversión en los 170 municipios más golpeados por el conflicto y que hacen parte de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).
La primera fue el cambio legal que permite que las regalías administradas por el Ocad Paz, que representan el siete por ciento de las regalías nacionales, se focalicen en inversiones en estos municipios. Y la segunda es que por iniciativa del Congreso de la República se aprobó un adelanto del 70 por ciento de las regalías de los próximos años para ejecutar en el 2021 y el 2022, lo cual representará unos 4,5 billones de pesos.
Mientras la ejecución de obras avanza en estos municipios, que tienen algunos de los índices de desarrollo y calidad de vida más bajos del país, Javier Pérez, gerente del Área de Reducción de Pobreza e Inequidad de PNUD Colombia, aseguró que es necesario acelerar la implementación del catastro multipropósito y la titulación de los predios que resulten de este proceso, de manera que las personas tengan seguridad jurídica, insumos productivos y acceso a créditos.
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Aún más audaz fue la propuesta que surgió de desarrollar un programa ambicioso para darles tierra a las mujeres rurales. Eve Crowley, representante adjunta para América Latina de la FAO, aseguró que desde la organización han identificado que cerrar la brecha de la tenencia de tierras podría aumentar la producción de las mujeres en sus fincas de un 20 a un 30 por ciento a nivel global, aumentar la producción agrícola de los países en desarrollo de un 2,5 a 4 por ciento y disminuir la pobreza y el hambre de 150 millones de personas.
“Cuando las mujeres tenemos tierra y somos dueñas de algo nos empoderamos a nivel administrativo, financiero y personal. Nos sentimos más útiles y seguras ante la sociedad y ante la familia; trabajamos por nuestras comunidades y por darles mejores condiciones de vida a nuestros hijos”, fue el testimonio de Aurora Martínez, una lideresa campesina de Vista Hermosa (Meta) que participó en el encuentro y pidió que los programas para brindar acceso a tierras vayan acompañados de capacitación, infraestructura comunitaria y proyectos productivos.
La intervención de Aurora resume en buena medida eso que el campo está pidiendo y que podría potenciar el crecimiento, en un año en el que el país entró en recesión económica por primera vez en este siglo: una inversión contundente del Estado para crear las condiciones aptas que les permita a los habitantes rurales producir más competitiva y sosteniblemente, comercializar sus productos y vivir dignamente sin depender de un subsidio. La buena noticia es que esto viene de la mano con millones de empleos para sacar a los colombianos de la pobreza.
*La segunda edición de la Gran Cumbre Colombia Rural fue organizada por Semana Rural, la Revista Semana, USAID Colombia, Acdi/Voca, el Banco de Desarrollo de América Latina CAF y la Embajada de la Unión Europea. Contó con el apoyo de Monómero y la colaboración de la Unidad de Restitución de Tierras, Yara, la Agencia de Desarrollo Rural, la Embajada de Israel y el Fondo Multidonante de Naciones Unidas para el Sostenimiento de la Paz.
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