¿Qué tan cerca estuvo la guerra paramilitar de Bogotá?

Por años se ha dicho que la ausencia del Estado en zonas apartadas del país  fue el detonante del auge del paramilitarismo que, en lugares remotos de Antioquia, Córdoba o Chocó, por ejemplo, llegó incluso a reemplazar a la institucionalidad. 

No obstante, un informe reciente del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) acaba de dar cuenta de que ese vacío también fue clave en la aparición y sostenimiento de la guerra paramilitar a menos de 150 kilómetros de Bogotá.

Así, en las provincias de Rionegro y Bajo Magdalena, en Cundinamarca, operaba un bloque de las extintas autodefensas: las Autodefensas de Cundinamarca (AC), lideradas  por Luis Eduardo Cifuentes, “El Águila”. 

El origen de ese grupo, explica el informe, se le atribuye a tres hechos clave:  primero, el marco jurídico que permitía y hasta promovía la creación de grupos paramilitares. Segundo, la ausencia del Estado en la zona, factor que además impulsó a varios de los integrantes de las AC a ingresar al grupo —el 30 por ciento de los entrevistados se enlistó por motivos económicos— y, por último, el bajo capital social de la guerrilla en la zona que justificó el discurso contrainsurgente de los ‘paras’, segundo motivo por el cual los miembros se vincularon al grupo, con el 25 por ciento. 

Las AC fueron parte de 307 crímenes de gravedad, entre esos 123 de homicidio, 30 de secuestro y 24 de tortura, según registró el Tribunal de Bogotá en varias sentencias. No obstante, en el total de hechos imputados por la Fiscalía se suman, por ejemplo, 286 hechos de desplazamiento con 767 víctimas.  Un 92% de estas víctimas fueron desplazadas por el control territorial del grupo y, en un 8%, por supuestos vínculos con las Farc. 

Por eso, en el marco de la ‘Semana por la Memoria’, el CNMH lanzó el informe ‘Autodefensas de Cundinamarca: olvido estatal y violencia paramilitar en las provincias de Rionegro y Bajo Magdalena’, en el que dan cuenta de la realidad que vivieron varios municipios de departamento que, para algunas personas, puede ser desconocida.

“Esta estructura militar no fue tan grande en número, ni en hechos criminales, ni en poder económico si se compara con las otras, pero su importancia radica en el papel que jugó en la geopolítica de la guerra y en su cercanía a la capital de la República. Esta región era el puente que había entre Bogotá y zonas de mayor conflictividad como el magdalena medio”, explica Camilo Ernesto Villamizar, coordinador del informe.

Por eso, a partir de las voces de 91 exparamilitares firmantes de los Acuerdos de la Verdad (Justicia y Paz); y del testimonio de 132 víctimas y testigos, se les da forma a varias décadas de masacres, secuestros y extorsiones en las provincias de Rionegro y Bajo Magdalena, crímenes que a menudo se vieron acompañados de otros relacionados con narcotráfico, violencia de género y toda clase de violaciones a los derechos humanos.

Ahora, vale la pena entender que estos factores tienen un contexto en particular. La existencia del decreto 3398 del 24 de diciembre de 1965, la Ley 48 de 1966 y producto de estas normas los Manuales del Ejército Nacional de 1969, 1979, 1982 y 1989 validó en el país la creación estructuras paramilitares para defender las propiedades de grandes terratenientes. 

Esto permitió la creación de grupos armados, al margen de la ley, cuya única razón de existencia era la contrainsurgencia. “La marginalidad de la guerra y su baja intensidad en la región no implica que la acción de la guerrilla no haya generado daños y afectaciones a la población civil”, reconoce el informe.

Es por eso que los investigadores del CNMH decidieron estudiar la violencia en Cundinamarca desde la disputa bipartidista, entre liberales y conservadores; la aparición de las Farc; la creación de los primeros grupos paramilitares y por último el impacto que dejó la guerra en estos municipios, que aún se vive hoy. 

“Hace falta difusión de lo que ocurrió y esto tiene que ver con tendencias de reduccionismo histórico y negación, creo yo, de minimizar lo que sucedió en el departamento frente a la violencia en Urabá, en el Magdalena medio, o en el Catatumbo—explica Camilo Ernesto Villamizar— pero Cundinamarca fue una zona importante en la disputa de los grupos armados. Este informe contribuye a que esas memorias de las víctimas, los combatientes y los sobrevivientes visibilicen los hechos que sucedieron en la región”. 

Aún cuando los vejámenes de la guerra fueron más mediáticos en otras regiones del país —más alejadas del centro—, las mismas configuraciones sociales, políticas y económicas que se vivieron lejos de Bogotá también se percibían en municipios a tres horas en carro de la Capital. 

Ese fue uno de los factores que más destacó la investigación: la ausencia del Estado en estas regiones, lo que impulsó de manera clave la disputa en el territorio, desde las guerrillas, hasta los paramilitares. Este fenómeno produjo, además de "El  Águila, nombres como Luis Alberto Sotelo ‘Beto’, que hacían de juez y parte en los conflictos que se daban en la región. Las comunidades no solo los reconocían como autoridad, sino que celebraban su presencia. Cifuentes, por ejemplo, se hacía llamar  “El estado en esos municipios”

“Las personas hacían énfasis en cómo los grupos armados transformaron los imaginarios de la juventud, pues estas personas se convirtieron en referentes de lo que era progresar en la vida”, explicó Leon Felipe Rodríguez, correlator del informe. 

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Esto también fue dado porque a pesar de que los grupos armados no le generaban a las personas grandes diferencias en los ingresos, el patrullero ganaba el mismo sueldo que alguien que cultivaba papa o arroz, ser parte del grupo armado aseguraba a las personas algo de estabilidad, así como ingreso fijo para aportar a sus familias. 

La financiación de las Autodefensas de Cundinamarca se dio principalmente a través de la extorsión, el narcotráfico, el hurto de combustible, y el lavado de estas rentas ilegales a través de compras de propiedades y fachadas o negocios legales, según explica el informe.

En este sentido, al igual que varios grupos paramilitares, las AC se dedicaron, a través de las denominadas vacunas, o cuotas voluntarias a extorsionar a los terratenientes por ‘seguridad’. Prácticamente toda actividad agropecuaria y comercial que tuviese alguna renta significativa en esta región de Cundinamarca estuvo obligada a dar una cuota extorsiva periódicamente.

Esto, explica Rodrigo Arturo Triana,investigador del informe, genera unas dinámicas en la zona donde para los campesinos es más rentable entrar a estos grupos armados que seguir labrando la tierra. “Es un territorio donde no se generan otro tipo de alternativas de ingresos-explica el investigador- El ofrecimiento económico de estos grupos no es muy diferente a los que un trabajo jornal debería ofrecer, no son grandes cantidades de dinero, pero las personas no tienen otra opción”. 

Una manera de ganar capital social fue impulsar actividades productivas en la zona, como los cultivos, la construcción de vías y entregar apoyos de tipo asistencialista como ropa, comida y hasta energía eléctrica. Esto les permitió tener más legitimidad con las comunidades en la zona y afianzar su poderío económico.
 

Asimismo, es clave reconocer que el discurso paramilitar y la violencia que venía con este fueron posibles por los actos bélicos de las guerrillas en el departamento. Esto llevó a que la ideología contrainsurgente empezara a fortalecerse en el territorio. Las personas entendieron que para tener justicia, debían tomarla por sus propias manos.

“Las comunidades naturalizaron que esa era su realidad, que la autoridad era ejercida o por los paramilitares o por las Farc. Eso entonces generó unas condiciones muy complejas en la zona”, explica el investigador Camilo Ernesto Villamizar.

Lo más grave, quizá, es que esa ausencia del Estado se mantiene. Acceder a los servicios básicos en estos municipios, por ejemplo, sigue siendo el privilegio de unos pocos.

“Cuando la economía ilegal es la única opción que existe pero hay violencia, un combate, un desplazamiento, no queda prácticamente nada. Queda un campo abandonado, una población donde no hay personas económicamente activas y eso lo que nos genera es que no hay oportunidades para generar proyectos productivos, no hay opciones”, explica Rodrigo Arturo Triana Sarmiento.

Con este informe el Centro Nacional de Memoria Histórica, en el marco de los ‘Informes sobre el origen y la actuación de las agrupaciones paramilitares en las regiones’, da el testimonio sobre un departamento en el que los rezagos que dejó el paso de la violencia siguen marcando a las personas.

“Termina la guerra pero se deja el escenario y es uno bastante desolador frente a lo que debería ser un territorio en paz. Lo que evidencia la investigación es una falta de progreso, una población todavía estigmatizada, donde aún se refieren al otro como guerrilleros, o como paramilitares”, agrega Triana. 

Con el informe se hace énfasis en la importancia de recordar ese pasado violento, y todas las situaciones que provocaron la formación de un conflicto, que aún hoy está en la sombra de miles de municipios del país que siguen a espera de que la ausencia institucional termine. Municipios que a pesar de estar a pocas horas de Bogotá parecen anclados al pasado.

“Si  somos conscientes de lo que pasó, es más fácil empatizar con las personas que sufrieron esos hechos y sentir como propios los procesos de esclarecimiento de la verdad, el proceso en el que se recuperen sus memorias, el derecho para que se haga justicia y sobre todo el derecho que garantiza la no repetición”, concluye  Camilo Ernesto Villamizar

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