Sin Farc, pero con otros actores armados: la nueva amenaza en el sur del Tolima

La serie de amenazas a líderes sociales y los hechos de violencia ocurridos entre 2018 y los primeros meses de 2019 en el sur del Tolima hacen dudar a sus habitantes si la paz realmente llegó a esta región. El pasado 5 de enero un vehículo de la empresa Cootransplanadas fue asaltado en la carretera que conecta al corregimiento de Gaitania con el casco urbano del municipio de Planadas. Hombres armados robaron a los pasajeros e incineraron el carro.

En el mismo mes, el presidente de la junta de acción comunal de una vereda del municipio de Rioblanco denunció que lo intentaron secuestrar. En octubre de 2018 había advertido a las autoridades sobre las intimidaciones en su contra y su familia por parte de grupos armados aún por identificar, pero parece que no lo escucharon. Esta situación de inseguridad llevó a cinco familias campesinas a salir de esa zona rural, de acuerdo con información de la Defensoría del Pueblo.

Por su parte, el Sindicato de Trabajadores Agrícolas del Tolima expuso el 28 de enero que líderes campesinos del corregimiento de Herrera, en Rioblanco, recibieron llamadas telefónicas amenazantes. “Creemos que fueron a raíz del paro del año pasado, donde protestamos contra el proyecto de interconexión eléctrica en el páramo del Meridiano, las graves afectaciones ambientales que deja la instalación de torres de alta tensión y el incumplimiento con lo pactado por parte de Energía de Bogotá”, dijo uno de sus integrantes.
 

Pero el hecho de inseguridad que prendió las alarmas a nivel nacional ocurrió el 23 de enero. Un puesto de control del Ejército Nacional, cerca de un Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR), fue atacado en zona rural de Planadas. No dejó muertos o heridos. De acuerdo a la emisora radial Ecos del Combeima, este hostigamiento se dio días después de la aparición de un panfleto, firmado supuestamente por exintegrantes de las Farc, donde anunciaban la llegada un nuevo grupo armado.

La Defensoría del Pueblo le viene haciendo seguimiento a la situación en el sur del Tolima. En febrero del año pasado lanzó la alerta tempana 026, donde puso en evidencia que en al menos 11 municipios del departamento se presentaron amenazas contra líderes sociales. Entre esos pueblos están Ortega, Chaparral, Ataco, Planadas, Rioblanco, Roncesvalles, Coyaima y Natagaima. Estos ocho integran la región del sur.

En esa alerta temprana también aparecen los nombres de las organizaciones sociales o comunidades que recibieron amenazas o que la Defensoría considera en riesgo: Asociación de Cabildos Indígenas del Tolima, Mesa Departamental de Victimas, Asociación LGBTI Chaparral, Movimiento Marcha Patriótica, Asociación de Trabajadores Campesinos del Tolima (Astracatol), Comité Ambiental en Defensa de la Vida, Organización juvenil Cosajuca, Líderes indígenas del pueblo Pijao, Asociación Chaparral LGBTI Diversa y el Sindicato de maestros del Tolima.
 

El porqué de la violencia

La violencia que se viene presentado en el sur del Tolima después de la firma del acuerdo de paz entre el gobierno y las Farc está relacionada con múltiples factores, según le contó el Tribunal Superior Indígena del Tolima a SEMANA RURAL. Uno de ellos es la defensa del territorio por parte de comunidades étnicas y campesinas ante proyectos minero-energéticos, como ocurre en los municipios de Ortega, Rioblanco y Roncesvalles. Otro factor son los conflictos por la tenencia de las tierras, que provocaron el desalojo de comunidades indígenas en Natagaima y el asesinato en julio de 2018 de Ancízar Cifuentes, líder de restitución de tierras de Chaparral.
   

Pero la situación de inseguridad preocupa más en Rioblanco, Chaparral, Planadas y Ataco, municipios en donde se priorizaron estrategias y programas para superar el conflicto armado. Estos territorios esperaban una paz definitiva, pero luego de dos años se encuentran en alerta por la acción de grupos armados que quieren apoderarse de los espacios que dejó las Farc. De hecho, desde la seccional Tolima de la Defensoría del Pueblo le comentaron a este medio que el trasfondo de la violencia en el sur del departamento es la disputa territorial.
 

Frente a la falta de presencia estatal en la región, las organizaciones sociales y las comunidades aseguran que el gobierno y las fuerzas armadas tiene el interés de mostrar que existe una consolidación de la paz en las zonas rurales abandonadas por las Farc (como es el caso del sur del Tolima). Pero la realidad es otra. “Nuestra percepción es que algo está pasando y no creemos que la gente de los municipios hable de rumores”, señaló un integrante de las organizaciones.

Por su parte, los líderes sociales que consultó SEMANA RURAL temen que los grupos armados que están generando las amenazas y la violencia sean estructuras organizadas, más que bandas criminales. Se tratarían de un copamiento territorial de viejos y nuevos grupos ejerciendo actividades delincuenciales en la región como el narcotráfico, el hurto y las extorsiones. “No es un secreto que con el proceso de paz hubo mayor tranquilidad en comparación con el conflicto armado. Pero la situación que hoy vivimos se puede convertir un caldo de cultivo para la base de nuevos grupos que quieren ejercer control en el territorio”, dijo uno de ellos.
 

Las respuestas institucionales
 

En entrevista con varias institucionales del Tolima, SEMANA RURAL conoció que el 9 de enero y el 8 de febrero se llevaron a cabo consejos de seguridad en la región del sur. De igual manera, la Comisión Intersectorial para la Respuesta a las Alertas Tempranas lleva registros de alertas posteriores a la última que se emitió (la 026 de febrero de 2018), pero a la fecha de esta publicación no se han dado a conocer esos documentos.

Gustavo Murillo, secretario del Interior del Tolima, asegura que una de las estrategias que se adoptó para combatir a los grupos armados y bandas criminales en el sur del departamento es aumentar los retenes de control, los operativos y la presencia de tropas del Ejército en el sector rural. “Al mismo tiempo, se vienen haciendo campañas de prevención articuladas con las juntas acción comunal, donde se le da a conocer a la comunidad cómo responder ante posibles amenazas”.

El director de la Oficina Departamental de Derechos Humanos, Óscar Gutiérrez, y el secretario del Interior coinciden en que “está descartado por las mismas autoridades la existencia de ‘Águilas Negras’, Eln, disidencias de las Farc u otros grupos ilegales. Esta labor está en manos de la Fiscalía, que ha hecho seguimiento a los consejos de seguridad”.
 

El funcionario agrega que desde ya se puede asegurar que los hechos de violencia y las amenazas provienen de la delincuencia común y hace un llamado a los habitantes de la región para que denuncien los casos, pues muchos delitos quedan sin investigar por falta de información.

Por su parte Delcy Isaza, alcaldesa de Rioblanco, manifiesta que “la situación del líder comunal es una situación particular en la que hemos seguido toda la ruta de atención y acompañamiento”. La Personería Chaparral explica que “a raíz de la Alerta 026 de 2018, la secretaria de Gobierno y demás instituciones competentes vienen adelantado distintas acciones para el cumplimiento de estas recomendaciones, entre ellas una mesa de dialogo con las organizaciones sociales donde se discuten los factores, niveles de riesgo y destacan las acciones necesarias de protección”.

A pesar de que las autoridades departamentales y locales aseguran que están tomando medidas para garantizar la seguridad en las zonas rurales del sur del Tolima, los líderes sociales y comunidades afectadas también esperan avances significativos en las investigaciones sobre estas amenazas y los actores armados que están generando la intranquilidad. El regreso de la violencia con otros actores no es una opción.