YO ME ARMO, TU TE ARMAS

Una larga cola de gente puede verse todas las mañanas a las puertas de Indumil (Industrias Militares), en el edificio del Ministerio de Defensa. Son hombres y mujeres, civiles y militares, que quieren un arma y están allí para que les aprueben la licencia y les vendan un revólver o una pistola. Se les exige, como requisitos, llenar un formulario, tener libreta militar, certificado judicial cédula y recomendación de dos personas. Si se tiene recomendación de un coronel, se puede solicitar una carabina. Una sola persona tiene derecho a adquirir un arma de corto alcance y otra de largo. Las municiones también son vendidas allí: por cada arma, una caja de 50 tiros cada tres meses.
Todos los días, los empleados de Indumil reciben cerca de 500 solicitudes, y aproximadamente 100 armas son autorizadas y entregadas. Cuando a sus destinatarios se les pregunta para qué las quieren, responden casi unánimemente: "Hoy día hay que llevar un arma encima. Es la única forma de defenderse que queda ". Es el primer eslabón de toda una cadena. Ante la creciente ola de inseguridad, los colombianos, cansados de sentirse indefensos, parecen decididos a protegerse como puedan. Los clubes de tiro ya no son frecuentados sólo por los aficionados a la caza, sino por quienes quieren aprender a disparar. Al grupo creciente de civiles armados hay que sumarle todos los celadores que, según un cálculo aproximado, deben sobrepasar por mucho los 100.000 sólo en Bogotá, y que van aumentando mes a mes. Son, en general, hombres de quinto año de primaria y 30.000 pesos de sueldo, contratados por esas prósperas empresas que son las agencias privadas de seguridad, cuyos avisos ya ocupan 9 páginas de la lista amarilla de teléfonos de Bogotá. Y, desde luego, las escuadras de guardaespaldas.
Cada quien se prepara como puede para esta curiosa guerra contra un enemigo difuso pero presente en todos lados. Las señoras del norte cargan en la carteras "pistolas de gas", con empaque de estilógrafos. Las mujeres del sur afilan el cuchillo de la cocina. Cientos de jóvenes están optando por aprender métodos de defensa personal como el yudo o el karate, y repletan las academias de estas artes marciales que han multiplicado su número por tres en el último año.
El fenómeno se hace más complejo a medida que se va volviendo colectivo. En algunos casos, el propio Ejercito ofrece instrucción militar para grupos de personas, como por ejemplo a los funcionarios publicos. Aunque la medida fue echada atrás en Bogotá por protesta del sindicato, en algunas ciudades intermedias ya se está llevando a cabo. Mediante un formulario, se seleccionan técnicos, médicos, abogados y otros profesionales de entidades oficiales para que hagan entrenamiento los fines de semana, y participen en "brigadas sociales". Tras un período de entrenamiento, reciben un escalafón y permanecen en sus ocupaciones corrientes como "fuerza de reserva". Iniciativas de este tipo parecen brotar en muchos puntos. No es extraño, por ejemplo, encontrar perdidas entre el resumen judicial de los periódicos notas como ésta: "Ganaderos de Arauca anunciaron un frente común para prestar auxilio al Ejército para combatir la subversión y el abigeato" (El Tiempo, Febrero 17). El mismo día, en el mismo diario, apareció una publicidad de un tercio de página pagada por 14 gremios del departamento de Córdoba, que expresaban al presidente Betancur que no encontraban "hoy recursos de defensa adecuados contra un bandolerismo indiscriminado e injusto que limita todas las libertades".
Esta forma de colaboración por parte de los civiles es en ocasiones sugerida por figuras de las Fuerzas Armadas, y encontraba eco en la desesperación de los civiles ante la inseguridad. El coronel Osvaldo Caraballo, Comandante de la Policia de la División del Valle, habría dicho en una reunión con agricultores de Cali, Palmira y Buga, quienes habrían manifestado consternación ante la ola de secuestros en el departamento: "Todo el que pueda armarse, que se arme. Si no tiene salvoconducto, yo respondo por el arma". La cosa llegó a tal punto, que hasta el propio TIEMPO hizo eco de este espiritu y en el editorial de la mañana del 5 de febrero, "Día de la Paz", llegó a decir textualmente: "sólo hay dos maneras de vencer a los violentos. Con la bandera nacional en el pecho o con las armas en la mano. Los colombianos estamos dispuestos a utilizar los dos métodos... Si nos obligan a utilizar las armas, las inocentes banderas que hoy luciremos se convertirán mañana en el apoyo más fervoroso a las Fuerzas Armadas...". La vieja y controvertida frase del anterior ministro de Defensa, General Camacho Leyva, parecía seguir flotando en el aire.
En la segunda ciudad de Antioquia, Puerto Berrío, era efectivamente la ley de la selva la que había empezado a primar: un muerto diario en sus calles daba testimonio de la guerra sorda entre la guerrilla y los sectores de la población organizados para la autodefensa. Y aunque una situación como la de Puerto Berrío era ciertamente la excepción y no la regla, el panorama de conjunto parecía suficientemente grave como para que el gobierno empezara a hablar de "emergencia social", y el general Landazábal advirtiera sobre una situación de guerra civil latente.
Dentro de este contexto, el MAS aparecia menos como un mito fantasmagórico y más como una tremenda realidad social. La definición dada por el Procurador Carlos Jiménez, que dias atrás sonara demasiado vaga, en el transcurso de las últimas dos semanas parecía cobrar sentido: no una, sino una pluralidad de organizaciones de autodefensa y de grupos locales de personas decididas a actuar al margen, por fuera de las reglas del juego, para golpear a todo el que consideren enemigo de su vida o de sus bienes. El fenómeno que parecía perfilarse era el de la radicalización; hacia la derecha, de sectores de la población enfrentados a una extrema izquierda aparentemente más vigorosa después de la ley de amnistía, y a una delincuencia común totalmente fuera de control.

LA RESPUESTA DEL GOBIERNO
El gobierno, por su parte, respondiendo a la airada exigencia de seguridad por parte de la opinión, convirtió la lucha contra la delincuencia en su principal consigna. En un discurso que tranquilizó los animos insatisfechos de muchos, Belisario Betancur anunció que el gobierno "se ponía en pié de lucha contra el crimen ", y en el mismo sentido, el ministro de Comunicaciones anotó con pragmatismo: "Por ahora vamos a iniciar la ofensiva contra la delincuencia común. La gente no quiere que le hablen de política ahora. Quiere que le hablen de seguridad personal". Sin embargo, al expresar su voluntad de imponer orden, el gobierno planteó los marcos que pretendía respetar: el de la apertura democrática que venia siendo su bandera, y el de la política de diálogo y concertación con los distintos sectores de opinión. En otras palabras, y a pesar de la demanda de mano dura, de algunos sectores, el gobierno se mantuvo firme en que no habria politica de "tierra arrasada" ni restablecimiento del estado de sitio.
Las medidas consistirían en que el Ejecutivo, dotado de las atribuciones extraordinarias que le habia conferido la ley de amnistía, pondría en práctica, por un lado, el refuerzo y la modernización de la policía como eje del control de la seguridad, suministrándole equipo y armamento, aumentando el pie de fuerza en más de 10.000 hombres, subiendo considerablemente los salarios y prestaciones a los policías y reforzando el Cuerpo de Carabineros.
Los recursos destinados a estos equipos y armas fueron considerables y significaron recortes en otros campos (ver recuadro). Se habió de una cifra global de 30.000 millones de pesos, de los cuales se aprobaron inmediatamente los primeros 12.000 millones. A diferencia de países como Estados Unidos, donde cualquier inversión en armamento es objeto de exhaustivo debate en el Congreso y de controverisa intensa entre la opinión pública, que periódicamente acorrala al gobierno con el conocido slogan "guns or butter" ("armas o mantequilla"), en esta oportunidad en Colombia se agilizaron todas las vías legales para aprobar esta partida en forma ejecutiva e instantánea.
Por otro lado, las medidas tendían a fortalecer la justicia civil para que pudiera lidiar efectiva y ágilmente los delitos relacionados con la inseguridad. Años de práctica del estado de sitio en el país habían hipertrofiado la justicia penal militar, convirtiéndola en un enorme aparato recargado de edificios, jueces, abogados y auditores, mientras que la justicia civil, inoperante y raquítica, languidecía en los archivos de los juzgados. Para revivirla, el ministerio de Justicia elaboró una plan que consistía en presentar un proyecto de ley trasladando al conocimiento de la policía datos sobre atracadores y raponeros, que hoy sólo manejan en forma aislada los jueces municipales; en aumentar los jueces de instrucción criminal para contar con más recursos humanos en investigación; en reorganizar y fortalecer la policía judicial, y en reformar los procedimientos penal, civil y laboral.

..NI TANTO QUE TE QUEMES
Frente a quienes han optado por responder por cuenta propia ante la inseguridad, el gobierno ha planteado esta fórmula de recambio como vía constitucional para encaminar por cauces normales la situación de orden público. No le han faltado críticos. Para el ex presidente López Michelsen por ejemplo, las medidas de control tendrian que haber sido ofrecidas con anterióridad a la amnistia, y no a posteriori, cuando ya era tarde. Según palabras del ex presidente en su reciente mensaje a la junta de parlamentarios liberales, si en la ley de amnistia no creen "ni los militares ni los guerrilleros": es porque era utópico "tender la mano con el olivo sin contemplar simultáneamente la necesidad de armarse frente a un desbordamiento del orden público, que era previsible. Los resultados están a la vista, cuando comienza a mencionarse la posibilidad de restablecer el estad o de sitio y otros que van más lejos, ahora una dictadura militar ".
Los observadores políticos siguen con atención los pasos del Presidente por lo que algunos consideran una cuerda floja tendida entre sus ofertas de apertura democrática, y su reciente compromiso de controlar en forma efectiva el orden público. La pregunta que empiezan a hacer es hasta qué punto son reconociliables estas dos metas, y hasta dónde sería capaz el gobierno, no obstante sus buenas intenciones, de poner freno simultáneamente a la delincuencia y a la militarización .
Alfredo Vásquez Carrizosa, en su columna de El Espectador, exponía sus razones para creer que un poder paralelo al militar habría subsistido pese al levantamiento del estado de sitio el año pasado, y en el mismo sentido se pronunciaba el Instituto de Estudios Liberales en un controvertido documento titulado "Desmilitarización de la vida democrática". Había hechos aislados que se prestaban a interpretación: durante el período de la huelga, los puertos habían sido ocupados por el ejército, que también se habría hecho presente en Barrancabermeja durante el conflicto de Ecopetrol. En las zonas de conflicto, si bien habrían sido oficialmente desmontadas varias de las "tácticas de contrainsurgencia", como el control de la población mediante retenes y carnets, las acciones ofensivas y otras, una de ellas, la "acción cívico-militar" habría quedado institucionalizada en el propio texto de la ley de amnistía. Esto aun cuando significa un aporte militar al desarrollo de estas regiones, esta modalidad también representa la permanencia del Ejército en ellas cuando según los planteamientos del propio gobierno, sus funciones deberían ser asumidas enteramente por la policía.
Evídentemente, este tipo de disposiciones, en la medida en que eran vistas por el grueso de la opinión pública como favorables a la conservación del orden, gozaban de un respaldo generalizado, que prácticamente sólo excluía a los directamente afectados. El propio Presidente Betancur sintetizaría a su manera esta compleja combinación de factores al decir que la diferencia entre un Estado democrático y un Estado policívo, residía en gran parte en si contaba o no con la simpatía popular.

EL COSTO DE LA SEGURIDAD
Un total de 12.626 millones de pesos ha destinado el gobierno para la puesta en marcha del plan especial diseñado por el Consejo de Seguridad como respuesta a la creciente óla de violencia que se ha registrado en el país en los últimos meses. De dicha suma, un 75 por ciento corresponde a recursos adicionales para los presupuestos del ministerio de Defensa y la Policía Nacional.
Los dineros destinados para la ejecución del plan provendrán de traslados presupuestales que afectarán las partidas inicialmente aprobadas para el pago del subsidio al transporte (2.500 millones), la promoción del comercio exterior (6.500 millones) y las transferencias a los Fondos Educativos Regionales (2.500 millones) y al Instituto de Seguros Sociales (426 millones). Lo que quiere decir que, a pesar de que el gobierno afirma que estas partidas no estaban afectados, siendo por lo tanto contracreditables (o disponibles, en lenguaje llano), el militarismo interno que se halla implícito en el Plan de Seguridad tendrá como contrapartida una reducción del presupuesto social del país.
El Plan de Seguridad es de tal magnitud, que los recursos aprobados para el ministerio de Defensa, la Policía Nacional y el DAS, incrementan en un 22 por ciento el presupuesto total de dichas entidades para la presente vigencia fiscal. En la ley de presupuesto originalmente adoptada, los tres organismos tenían un presupuesto total de 43.574 millones de pesos, equivalentes al 13.2 por ciento del presupuesto total del sector central de la nación. Con las adiciones correspondientes al Plan de Seguridad, la participación en el presupuesto total de las mencionadas entidades asciende al 17 por ciento. Dicho porcentaje solo es superado por el correspondiente al ministerio de Educación, cuya participación asciende al 19 por ciento. También se incluyen importantes partidas para el ministerio de Justicia y la rama Jurisdiccional.
Especialmente importantes son las partidas destinadas para inversión en los organismos de defensa. El total de recursos de inversión aprobados para el ministerio de Defensa fue de 3.054 millones de pesos, incrementándose en un 182 por ciento el presupuesto inicial destinado para tal fin. Igual cosa sucede con el de la Policía Nacional, que de una partida inicial de 151 millones de pesos para inversión pasa con los dineros contempladós en él Plan, a tener un presupuesto de 549 millones, lo que representa un incremento de 263 porciento.
También es notorio el incremento que se presenta en el presupuesto destinado para la compra de equipos, tanto en el ministerio de Defensa como en la Policía Nacional. En el primero, al presupuesto inicial de 1.199 millones de pesos, se agregan 1.936 millones en la distribución de los recursos del plan. En el caso de la Policía se adicionan 926 millones de pésos al presupuesto original de 682 millones. En ambos casos los nuevos recursos superan ampliamente el total de apropiaciones iniciales.
Al Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) se le asignan recursos de inversión por un total de 300 millones de pesos, de los cuales 43 millones se destinarán a la compra de armamentos y municiones. Inicialmente no existía ninguna partida de inversión para este organismo.
El Plan Nacional de Seguridad representa, pues, un aumento sustancial de los recursos que en el país se destinan al problema de la seguridad, tanto externa como interna. En este caso, principalmente la interna.