¿Se puede aplicar el método Bukele en Colombia? Andrés Guzmán, el colombiano que trabaja con el presidente de El Salvador, resuelve la duda

Recorrer las calles de Bogotá y sentir el miedo impregnado en el aire, ver cada segundo por la ventana con un pánico tenaz cuando una motocicleta o una persona se acerca, es un recordatorio constante de lo que Colombia no ha logrado superar. Ese miedo, que no discrimina entre zonas urbanas o rurales, entre estratos altos o bajos, no es otra cosa que la manifestación más dolorosa de nuestra fragilidad como país. Pero no estoy aquí para lamentarme, sino para plantear una pregunta tan incómoda como necesaria: ¿puede Colombia aprender algo del “método Bukele”?

En El Salvador he sido testigo en los últimos años de cómo un país destrozado por la violencia puede revertir su destino. Un lugar que parecía condenado al caos ha empezado a encontrar orden. En Colombia, mientras tanto, seguimos atrapados en un ciclo de análisis eterno, propuestas vacías y promesas incumplidas. Pero no es tarde. Aprender del caso salvadoreño no significa copiarlo sin crítica, sino adaptarlo con inteligencia y sentido práctico a nuestras propias realidades.

El Salvador y su giro inesperado

Para entender por qué la experiencia salvadoreña es relevante, es necesario reconocer lo que allí se ha logrado. Durante décadas, El Salvador fue sinónimo de pandillas, extorsiones y homicidios. Sin embargo, en pocos años, gracias a un plan contundente, pragmático y decidido, se ha comenzado a cambiar esa narrativa. Desde la construcción de megacárceles hasta el uso avanzado de tecnología para rastrear y desarticular estructuras criminales, la administración Bukele ha demostrado que la seguridad no es un destino inalcanzable, sino una posibilidad concreta.

En el centro de este método está la firmeza. Las cárceles en El Salvador ya no son centros de operación del crimen organizado; son espacios donde los líderes criminales son aislados del mundo exterior. La inteligencia técnica y táctica, combinada con inteligencia artificial y georreferenciación, permite no solo responder a los delitos, sino anticiparlos. Todo esto se complementa con un discurso gubernamental claro: quien elija el crimen enfrentará consecuencias reales.

La amarga comparación: Colombia y su parálisis

Colombia, en contraste, parece atrapada en una zona de confort peligrosa, donde los problemas se reconocen, pero las soluciones nunca llegan. Nuestro sistema penitenciario es un chiste amargo, donde los capos operan con privilegios y celulares. Nuestras fuerzas de seguridad, desmoralizadas y mal equipadas, luchan contra estructuras criminales que parecen siempre un paso adelante. Y, mientras tanto, seguimos debatiendo eternamente sobre modelos de justicia transicional que, aunque bienintencionados, han demostrado ser ineficaces.

El problema en Colombia no es la falta de ideas, sino la falta de decisión. Tenemos los recursos, el talento y las herramientas necesarias para implementar cambios significativos, pero nos falta el coraje político para ejecutarlos. Preferimos quedarnos en la comodidad de los discursos grandilocuentes antes que enfrentar las reformas difíciles que realmente transformarían al país.

El Catatumbo: una herida abierta

Si hay una región que encarna el abandono estatal en Colombia es el Catatumbo. Esta zona, rica en recursos naturales, ha sido durante años el escenario de una lucha constante entre los grupos narcotraficantes denominados Ejército de Liberación Nacional (ELN), disidencias de las Farc y otros actores criminales. Según reportes recientes, más de 100 personas han muerto en enfrentamientos violentos y miles han sido desplazadas. Los habitantes viven bajo la ley de las armas, mientras el Estado solo aparece con promesas de corto plazo que se pierden en el eco de la violencia.

El Catatumbo no solo refleja la fragilidad del Estado colombiano, sino también su incapacidad para enfrentar problemas estructurales con soluciones contundentes. ¿Qué pasaría si adaptáramos aquí un modelo inspirado en El Salvador, con inteligencia avanzada, presencia estatal efectiva y un mensaje claro de justicia? Una Unidad Nacional de Inteligencia Territorial podría mapear en tiempo real las dinámicas criminales de la región, mientras proyectos de desarrollo integral devuelven a la comunidad el poder sobre su propio destino.

El Tren de Aragua: una amenaza emergente

Mientras enfrentamos problemas históricos como el del Catatumbo, una nueva amenaza acecha. El Tren de Aragua, una organización criminal venezolana, ha comenzado a consolidar su presencia en varias ciudades colombianas. Con la reciente llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y su política de deportaciones masivas, Colombia seguramente va a recibir una ola de inmigrantes venezolanos deportados, que ni en su país ni en otro tienen cabida, entre los cuales es seguro que se infiltren miembros de esta organización.

El fortalecimiento del Tren de Aragua en nuestro país será a corto plazo un desafío monumental, peor aún que el de las pandillas en El Salvador. No solo por su capacidad para operar en el crimen organizado, sino por lo que representa: un símbolo de nuestra incapacidad para gestionar una crisis migratoria de manera estructurada. Esto no se resuelve con discursos humanitarios vacíos, sino con políticas migratorias inteligentes que combinen inclusión, control y seguridad.

¿Un método para Colombia?

Adoptar el “método Bukele” no implica trasladar literalmente las políticas salvadoreñas a nuestro territorio. Las diferencias son evidentes. Colombia es un país más grande, con desafíos más complejos y un contexto histórico distinto. Pero hay principios fundamentales que podríamos –y deberíamos– aplicar.

Primero, debemos descentralizar la inteligencia. Crear una Unidad Nacional de Inteligencia Territorial que opere en las regiones más golpeadas por la violencia sería un paso crucial. Esta unidad no solo recopilaría información en tiempo real, sino que utilizaría herramientas como el análisis de datos y la inteligencia artificial para anticipar movimientos criminales.

Segundo, necesitamos cárceles que realmente cumplan su función. ¿Por qué seguimos permitiendo que los líderes del narcotráfico, corruptos y extorsionistas sigan operando desde sus celdas? Una megacárcel en una zona remota, equipada con tecnología avanzada para bloquear comunicaciones ilícitas y supervisar cada rincón, no es una fantasía, es una necesidad. Pero no basta con aislar. Debemos ofrecer programas de reinserción social que realmente funcionen para quienes aún pueden cambiar.

Tercero, y quizás lo más importante, necesitamos un enfoque integral. La seguridad no puede tratarse solo de represión; debe venir acompañada de desarrollo social. ¿Qué pasaría si las zonas más afectadas por la violencia se transformaran en centros de oportunidades? Imaginemos escuelas técnicas en cada municipio, programas de empleo juvenil y actividades culturales que reconstruyan el tejido social.

El dilema de la voluntad

La mayor barrera no es técnica, sino política. Implementar un plan como este requiere líderes dispuestos a sacrificar popularidad a corto plazo por resultados a largo plazo. Requiere enfrentar los intereses creados que se benefician del caos actual, desde las mafias del narcotráfico hasta las estructuras corruptas dentro de nuestras propias instituciones.

El Salvador ha demostrado que la transformación es posible cuando hay voluntad política. Colombia, en cambio, sigue atrapada en la inercia. Es hora de romper ese ciclo. No podemos permitir que el miedo siga definiendo nuestra identidad nacional.

El futuro que merece Colombia

No escribo esto desde una postura de pesimismo, sino desde una profunda esperanza. Creo en un futuro en el que Colombia no sea solo un país de contrastes, sino un ejemplo de superación. Pero ese futuro no llegará solo. Requiere acción, decisión y, sobre todo, valentía.

La pregunta es sencilla: ¿estamos dispuestos a enfrentar nuestras propias sombras y construir un país sin miedo? Si la respuesta es sí, entonces no importa si lo llamamos “método Bukele” o simplemente un despertar nacional. Lo importante es que actuemos. Porque Colombia no merece menos que su mejor versión.

El miedo no puede seguir siendo nuestro legado. La seguridad, la justicia y la esperanza deben ser nuestro camino.

*La visión personal del funcionario no compromete la posición del Gobierno salvadoreño.