Los motores que buscan el oro en el Bajo Cauca antioqueño están apagados desde el 2 de marzo. Ante esta situación, los operarios se declararon en paro contra el Gobierno, mientras que otros están sometidos al pacto: no escudriñar el terreno hasta que frene la destrucción de la maquinaria pesada.
Estas labores se encuentran en las venas de los habitantes de Caucasia, Nechí, El Bagre, Cáceres, Tarazá y Zaragoza. Allí, las personas empiezan a pescar metales cuando alcanzan los ocho años de edad. En compañía de sus padres, arrastran tierra en búsqueda de hallar algo que les dé dinero.
Un minero ancestral goza de 80 mil pesos diarios. Eso implica estar seis horas bajo el sol y el agua para conseguir un gramo de oro con sus propias manos, pero las personas que tienen aparatos operados con combustibles disfrutan de 400 mil pesos cada día.
La desventaja es de grandes proporciones. Mientras el primero llena un repiense para filtrar el oro, el segundo tiene cincuenta. Ese quebranto lo tienen en cuenta las estructuras delincuenciales de la subregión a la hora de cobrar las extorsiones.
Los únicos que tienen la obligación de entregarle dinero a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) son los que utilizan la maquinaria amarilla, sin distinguir su tamaño. Las multas se miden con los metros cuadrados que son destinados para la extracción.
La más barata es de 200 mil, siendo las víctimas frecuentes quienes no tienen el visto bueno de las autoridades para operar. Ante las intimidaciones, solo les queda agachar la cabeza. Y como si fuera poco, tienen que dividir las ganancias con los propietarios de la tierra.
La fiebre de oro
La minería es un sacramento en las familias del Bajo Cauca antioqueño. Ejercer esta labor no es un sacrificio porque los ingresos se multiplican frente a un salario mínimo mensual que, con las condiciones actuales del mercado, les alcanza poco para sostener un hogar.
Cinco trabajadores informales consultados por SEMANA dieron cuenta de su experiencia en el gremio. Por las críticas circunstancias de seguridad, pidieron omitir sus nombres. Ninguno respalda el paro porque están enfilados en la práctica ancestral, no con motores.
En sus cuerpos están tatuados las horas que han pasado bajo el sol. Mientras zarandean las bateas, lamentan las complicaciones que ha traído la manifestación que lideran sus colegas: los bloqueos han frenado la vida de más de 250 mil habitantes de la subregión.
Llegaron a la minería por el deseo de sus padres y la comodidad: “No tuvimos que presentar una hoja de vida ni cumplir requisitos para tener plata”, sugirió uno de ellos. “Lo que hacemos en cinco horas, no lo vamos a ganar sentados en una oficina”, dijo otro.
La rentabilidad también es motivo de discusión: “Con una libra de oro que saque en quince días, puedo tener 20 millones de pesos. ¿Eso dónde va a pasar?”. Sin embargo, la utilidad no está asegurada. “Como todo en la vida, la minería es un golpe de suerte”.
De acuerdo con la Asociación de Mineros del Bajo Cauca, 45 mil personas dependen de este negocio, sea legal o irregular. Muchos están expuestos a químicos letales que los podría estar afectando de manera silenciosa. Una de las amenazas es el mercurio.
Varios de esos ciudadanos respaldan el paro. El objetivo sigue de pie: tumbar las operaciones que adelanta la Fuerza Pública contra la extracción ilícita de yacimientos mineros, excepto los que pertenezcan a las estructuras delincuenciales, como las AGC.
A diferencia, proponen un distrito minero que garantice la certificación de la minería que adelantan en las montañas y el agua en Antioquia, Bolívar y Córdoba. Eso también les permitiría esquivar las exigencias de los grupos que los tienen sometidos a la extorsión.