Bancarización minera, una alternativa para frenar la criminalidad

Por Juan José Parada Holguín*

El desarrollo que ha experimentado la industria minera se ha dado a la par con una grave problemática de minería criminal. Desde hace ocho años el Estado colombiano viene implementado políticas públicas que tienen por objeto la lucha frontal contra este fenómeno, que de no ser neutralizado comprometerá la reactivación económica. Fuera de los graves daños ambientales, contribuye al deterioro del orden público económico y social en las zonas afectadas.

A la política pública se debe incorporar el trabajo conjunto entre el Estado y los sectores productivos, en este caso la industria minera y el sector financiero. La prioridad debe ser incentivar la legalidad de la minería en todas las actividades de la cadena de la exploración y explotación. La bancarización del sector puede hacerlo posible.

El sector financiero debe promover –desde la función que cumple en el marco de la constitución y la ley– el desarrollo de todas aquellas actividades económicas legales que como la minería requieren de los recursos que son movilizados a través de los bancos.

La restricción de acceso al sistema financiero del sector minero, que aplica medidas generalizadas de eliminación del riesgo conocidas como el de-risking, afecta los esfuerzos gubernamentales y del sector empresarial. Además, limita el ofrecimiento de sus servicios a personas naturales y jurídicas que los requieren para el desarrollo de su actividad económica. Esta situación ha llevado a que se cierren los canales de acceso –no sólo al crédito sino a las demás operaciones– y ha estimulado la ilegalidad en la industria extractiva; actúa como un freno para que el sector pueda contribuir, como se espera, a la reactivación económica.

Generar confianza

Conviene al Estado crear una política pública que permita esta inserción del sector minero en el sector financiero. La academia, a través de la Universidad Javeriana, viene adelantando un proyecto de investigación que tendrá por objeto el diseño de esa política pública, para que a partir de ella se avance en el camino de la bancarización.

No es razonable estigmatizar a sectores como el minero en cualquiera de sus modalidades, por el hecho de que alguna parte de la actividad se encuentre desarrollada por actores ilegales. Esto conduciría a la creación de barreras de entrada, injustas e ineficientes. Hay que tener en cuenta que se trata de un sector que ha generado importantes rentas a la nación y es imprescindible para la reactivación de nuestro aparato productivo.

La valoración de los riesgos asociados a la industria minera debe realizarse de la manera más objetiva, en el marco de la libertad de empresa. Se propone utilizar los mecanismos existentes, ajustados a la realidad del negocio minero, para lograr la generación de confianza frente al sector financiero.

En estos momentos todos los sectores productivos son actores vitales del futuro económico: ¡y los mineros no son la excepción!

*Abogado, consultor y asesor, experto en el sector minero-energético

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