Invertir en infraestructura, clave para la competitividad y reactivación de Colombia

Por Luis Fernando Mejía*

El sector de la construcción se ha posicionado en la economía colombiana como un importante generador de valor agregado y creador de empleos. Por el lado del Producto Interno Bruto (PIB), la participación promedio de la construcción en el periodo 2013−2019 fue de 7,0 por ciento del PIB. Esta rama de actividad económica concentró en promedio 6,2 por ciento de los ocupados en este mismo periodo y el subsector de obras civiles empleó cerca de 211.000 personas en 2019 según la Gran Encuesta Integrada de Hogares del Dane. El PIB de obras civiles mostraba una dinámica positiva desde el último trimestre de 2018, creciendo a una tasa promedio de 10,1 por ciento hasta la paralización por cuenta de la crisis sanitaria del covid-19, lo que derivó en una caída de -18,8 por ciento en el segundo trimestre del 2020, contribuyendo así con -5,4 puntos porcentuales a la variación anual del sector de la construcción.

Ante esta situación y dada la importancia de este sector como motor de la economía en tiempos de crisis, resulta indispensable considerarlo como una actividad clave para la reactivación económica en los próximos dos años. El sector de la construcción, especialmente de obras civiles, debe fungir como uno de los sectores donde se concentre la política contracíclica, dados sus fuertes encadenamientos con otros sectores de la economía y su efecto positivo sobre el empleo y el ingreso de los hogares. Además, al ser un sector con amplia presencia territorial, que puede operar en diversas locaciones geográficas e impactar una variedad de modos de transporte, se convierte en un motor fundamental para la generación de valor agregado y empleos en el corto plazo. En el largo plazo, las ganancias en productividad elevan la capacidad agregada de la economía.

Para garantizar el aprovechamiento de estas ganancias, Colombia ha formulado una serie de megaproyectos para los próximos años. De estos se destacan el Plan Maestro de Transporte Intermodal, con la secretaría técnica de Fedesarrollo, que incluye proyectos de carreteras, aeropuertos, infraestructura fluvial y vías férreas por más de 50 billones de pesos. El programa ‘Concluir, concluir y concluir’, a través del cual se gestionará la finalización de 22 proyectos de infraestructura pendientes, algunos desde hace más de una década.

No debe dejarse de lado la construcción de infraestructura regional de menor escala, que a través del programa ‘Vías para la legalidad’ busca cerrar las brechas de infraestructura en ciudades y municipios con financiación completamente pública. Sobre los impactos potenciales, de acuerdo con un estudio realizado por quien escribe en conjunto con Martha Elena Delgado, se encontró que un aumento de la inversión en infraestructura de 0,5 por ciento del PIB anual por los próximos diez años generaría un crecimiento adicional anual del PIB de 0,8 puntos porcentuales. Además, esto permitiría una reducción en la tasa de desempleo de 0,6 puntos porcentuales y una caída en la tasa de pobreza en 0,5 puntos porcentuales cada año. La continuidad en el despliegue y modernización de la infraestructura en Colombia es vital para recuperar el dinamismo económico y acelerar la recuperación.

Ahora bien, ante las restricciones presupuestales del Gobierno nacional, las fuentes de pago y financiamiento de estas obras constituyen otro reto fundamental de la política pública. Entre las alternativas planteadas por el Comité de Expertos en Infraestructura y Transporte para la consecución de estos objetivos se encuentran la viabilización de otras fuentes de pago, como el financiamiento a través de inversionistas institucionales con perfil de largo plazo y la implementación de mecanismos de cobertura cambiaria que permitan la consecución de deuda denominada en dólares, además del fortalecimiento del mercado de capitales. En una perspectiva de corto plazo, cerca de 6 billones de pesos de regalías que aún no cuentan con destinación pueden asignarse a proyectos de vías terciarias.

En conclusión, la inversión en infraestructura representa no sólo una oportunidad para la reactivación económica ante la inminente caída del PIB en 2020, sino también un cambio estructural en materia de competitividad y productividad. Para esto, la articulación del Gobierno nacional con las entidades territoriales y el sector privado será crucial en una coyuntura en la cual se tiene muy poco margen de espera para la ejecución de mayores niveles de gasto público, especialmente a nivel local. Es hora de aprovechar esta oportunidad.

*Director Ejecutivo de Fedesarrollo

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