Especial industria marítima y portuaria
Mejoras en infraestructura, la clave para impulsar el crecimiento del sector portuario
Aunque los desafíos de la industria siguen siendo enormes, las cifras de inversión y de movilización de toneladas son alentadoras. Análisis del presente y futuro de la industria.
Desde la Ley 1 de 1991 se han generado importantes avances en el sector portuario en Colombia, principalmente porque se incentivó la participación e inversión privada para permitir los avances en tecnología y modernización que requiere el país, impulsados por el esquema concesionado.
Estudios de la CEPAL señalan que hay una correlación clara entre el crecimiento de la economía y la inversión en infraestructura, generando así una mejora en las cadenas logísticas y la conectividad, y una reducción en los costos de transporte. Colombia no ha sido ajena a estas realidades. Si bien hay muchas oportunidades de mejora para el sector portuario, el país cuenta con un sistema eficiente y robusto que ha permitido dinamizar su economía: diez zonas portuarias marítimas, 8 en la región Caribe y 2 en la región Pacífico, y una zona portuaria fluvial en el río Magdalena.
Según información de la Agencia Nacional de Infraestructura, en el año 2022 se ejecutaron inversiones en zonas concesionadas por un valor estimado de 34.5 millones de dólares y así mismo para el año 2023 se estiman inversiones por un valor estimado de 129,9 millones de dólares en las distintas zonas portuarias.
Así mismo, según dicha entidad, en la última década se ha registrado un incremento del 36 por ciento de la capacidad portuaria, lo cual tiene asidero en las inversiones en los distintos puertos, lo que ha permitido la adquisición de nuevas tecnologías. Por su parte, en recientes estudios de la Andi se ha indicado que del año 2010 al 2020 las inversiones del sector portuario en área de uso público fueron de más de 2.600 millones de dólares.
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Ahora bien, de acuerdo con datos publicados en el Boletín Estadístico de Tráfico Portuario por la Delegatura de Puertos de la Superintendencia de Transporte, en 2022 se exportaron 71,1 millones de toneladas, y se importaron 32,2 millones de toneladas de carga. En materia de comercio exterior se movilizaron 103,3 millones de toneladas de carga.
Sin embargo, en el mismo boletín se establece que se registró una variación negativa correspondiente al 1,8 por ciento en el periodo de enero a septiembre de 2022, en relación con el mismo periodo del año anterior, lo que equivale a 2,2 millones de toneladas menos.
Lo anterior tiene fundamento en distintos factores, entre los que se incluyen la desaceleración económica mundial por la pandemia y la guerra en Ucrania, entre otros. En todo caso, es importante señalar que para el mismo periodo se registró una movilización de 124,4 millones de toneladas en las zonas portuarias del país.
Aún cuando el anterior panorama no pareciera alentador, en el borrador del Conpes publicado por el Gobierno nacional del expresidente Iván Duque en mayo de 2022, se estableció que para el 2023 Colombia aumentaría su capacidad en 62 millones de toneladas para llegar a las 463 millones de toneladas al año, debido a la entrada en funcionamiento de ampliaciones previstas en el litoral Caribe y Pacífico.
En cuanto a los retos para el sector portuario, el borrador del Conpes identificó con claridad varios frentes problemáticos: el crecimiento desordenado de la capacidad portuaria, la desarticulación de la planeación nacional y territorial en la actividad, la debilidad en incentivos al inversionista privado, la complejidad del esquema regulatorio del sector junto con los contratos que tienen un próximo vencimiento, la multiplicidad de esquemas de contraprestación portuaria, la dispersión de funciones y actividades en las entidades del sector transporte, y finalmente la ausencia de visión de sostenibilidad ambiental y atraso en la incorporación de buenas prácticas.
Sobre el desafío puntual en materia de incentivos para promover la inversión en Colombia, en el estudio de Política Comparada realizado por la Andi se hace una recomendación al Gobierno para facilitar el proceso de inversiones adicionales, enfatizando en la importancia de la libertad para realizar inversiones en mejoras, expansión y equipamiento, garantizar un adecuado nivel de competencia en el mercado del proyecto, reconocer el valor residual de infraestructura aportada con el pago al término de la concesión, entre otras.
*Socia DLA Piper Martínez Beltrán.
