Asesinan al presidente de la Junta Comunal en Andes, Antioquia, mientras rezaba novena

Gustavo Orozco Ramírez, presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) de la vereda San Perucho de Andes, Antioquia, fue asesinado en las últimas horas mientras rezaba la novena con familias de la comunidad.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, sicarios dispararon en repetidas ocasiones contra Orozco Ramírez, de 58 años, cuando finalizaba la Novena de Aguinaldos. Hasta el momento se desconoce el paradero e identidad de los homicidas.

“Nosotros como líderes rechazamos este homicidio. Hemos realizado algunas recomendaciones al Gobierno Nacional y departamental para que garanticen la labor de la defensa de los derechos humanos. Sentimos un abandono por parte del estado colombiano”, Óscar Yesid Zapata, perteneciente del proceso social de garantías a defensores y defensoras de Derechos Humanos en Antioquia.

De acuerdo con las autoridades, en esa zona del suroeste antioqueño hay fuerte presencia del Clan del Golfo y la guerrilla del ELN quienes mantienen su lucha por el control del territorio y el paso de la droga.

Con este homicidio ya son 24 líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en Antioquia durante 2021, de acuerdo con información del Observatorio de Derechos Humanos de la fundación Sumapaz y la Corporación Jurídica Libertad.

Por otro lado, en lo corrido del año se han reportado amenazas a 17 líderes sociales del municipio de Dosquebradas, 10 en Pereira y tres en otros municipios de Risaralda.

Las amenazas se han realizado por medio de llamadas, mensajes de texto, panfletos y visitas, según señalan las víctimas. Los líderes sociales suelen hacer denuncias relacionadas con problemas de las comunidades como disputa de territorios entre bandas delincuenciales y protección del medioambiente.

Jaime Gutiérrez, un reconocido líder social de Risaralda, afirmó que estas intimidaciones provienen de actores armados al margen de la ley y que durante esta época de campaña política las amenazas pueden venir de algunos integrantes de movimientos políticos, aunque no se pueda comprobar.

Debido a esto, los líderes comunales y sociales del departamento están solicitando a las autoridades realizar mejoras y acelerar los procesos de atención a quienes han sido blanco de amenazas con el fin de evitar desenlaces mortales como los que ya se han registrado en la región.

La Defensoría del Pueblo presentó un nuevo reporte de conductas que vulneran los derechos contra líderes sociales durante el primer semestre de 2021, que deja ver la situación penosa que afrontan en todo el país. En los primeros seis meses del año, la entidad registró el asesinato de 78 personas que se dedicaban a trabajar por sus comunidades.

“Como Estado debemos redoblar esfuerzos y tomar todas las medidas que sean necesarias para garantizar la integridad y la vida de los líderes sociales, comunales y defensores de derechos humanos”, sostuvo Carlos Camargo, defensor del Pueblo, ante la crudeza del informe.

El documento revela que los departamentos con mayor número de homicidios registrados contra líderes sociales y defensores de derechos humanos son: Antioquia (17 casos), Valle del Cauca (12), Cauca (9), Nariño (6) y Chocó (5). En esos cinco departamentos se concentró el 63 % de los homicidios.

En comparación con el primer semestre de 2020, el número de homicidios de líderes disminuyó en Norte de Santander (de 10 a 3 casos), Cauca (de 22 a 9) y Huila (de 7 a 3). Sin embargo, aumentó en los departamentos del Valle del Cauca (de 6 a 12), Antioquia (de 12 a 17) y Nariño (de 1 a 6 casos).

“Aunque hubo una disminución en la cantidad de homicidios, de 90 en el primer semestre de 2020 a 78 en el mismo periodo de 2021, como defensor del Pueblo lamento que sigan ocurriendo asesinatos y amenazas en contra de nuestros líderes, principalmente por accionar criminal de los grupos armados ilegales. Como entidad nos duele y por eso trabajamos 24/7 para alertar cualquier situación de riesgo y hacemos seguimiento a las posibles vulneraciones de sus derechos, con el fin de lograr una respuesta estatal efectiva que garantice su protección”, agregó Camargo.