Caso Alex Saab: Baltasar Garzón al rescate

La suerte de Álex Saab sigue en el aire. A punto de cumplir 40 días detenido en Cabo Verde, ni la presión diplomática del chavismo ni los recursos legales de su defensa han funcionado y su extradición a Estados Unidos parece más cerca. Esta semana los medios volvieron a ver a Saab esposado y escoltado por las autoridades del país africano. Pese a todo, el empresario barranquillero, el hombre de los negocios oscuros de Nicolás Maduro, no parece tirar la toalla y ha contratado los servicios del abogado y exjuez español Baltasar Garzón.

La noticia causó revuelo en la prensa internacional y reveló también hasta dónde puede llegar aún el brazo de Álex Saab, así como los dineros procedentes de la colosal corrupción del chavismo.

En 1998, cuando era juez de la Audiencia Nacional española, Garzón alcanzó fama mundial al poner contra las cuerdas al exdictador chileno Augusto Pinochet, basado en el principio de la jurisdicción universal. Aunque finalmente no logró extraditarlo a España desde Reino Unido, donde Pinochet se encontraba por asuntos médicos, Garzón logró mantener en arresto domiciliario a Pinochet durante 503 días. Asimismo, en España recuerdan los procesos judiciales encabezados por el exjuez contra los líderes de la banda terrorista ETA.

El de Álex Saab no será el primer caso en el que Baltasar Garzón abogue por personajes relacionados con la corrupción chavista. En los últimos años, ya desde su bufete Ilocad SL, Garzón ha participado en asesorías a Nervis Villalobos, un exviceministro de Energía del Gobierno de Hugo Chávez vinculado a millonarias contrataciones corruptas en ese sector. Un caso similar es el de Diego Salazar, detenido en Venezuela desde 2017 y primo de Rafael Ramírez, quien fue durante años presidente de PDVSA, la estatal petrolera venezolana. Salazar buscó a Garzón para asesorarlo en su intento por lograr desbloquear una millonaria cuenta en el Banco de Andorra.

Garzón, además, ha estado ligado a la defensa del exdirector de la inteligencia venezolana Hugo el ‘Pollo’ Carvajal, también pedido en extradición por los Estados Unidos acusado de narcotráfico. Algunas de esas causas han representado ingresos millonarios para el bufete del jurista español, según ha revelado la prensa de su país.

Con la contratación de Garzón, Saab le suma un nuevo capítulo a una historia ya de por sí aderezada con ingredientes cinematográficos: la internacionalización del caso del supuesto testaferro de Nicolás Maduro.

Garzón planea “liderar un proceso contra Estados Unidos y Cabo Verde ante el Tribunal Internacional (de Justicia) de La Haya por la violación de la inmunidad jurisdiccional de Álex Saab en cuanto enviado especial de Venezuela”, explicó a la agencia EFE José Manuel Pinto, quien ha fungido en Cabo Verde como abogado de Saab desde su captura.

Dicha estrategia se basa en el comunicado que emitió la cancillería venezolana el 13 de junio, solo horas después de la detención de Saab. En ese texto calificó al colombiano de “agente del Gobierno Bolivariano de Venezuela” con ciudadanía de ese país, reclamó para él inmunidad diplomática e informó que viajaba “con el objetivo de realizar gestiones” para comprar alimentos y medicinas en nombre del régimen de Maduro.

Nunca el Gobierno venezolano ni el propio Álex Saab habían admitido una relación tan estrecha. Durante años, incluso, Saab negó su cercanía con el propio Maduro, a quien decía conocer solo por alguna coincidencia en un evento protocolario. De hecho, en 2017 el portal venezolano de periodismo de investigación Armando.info reveló que Saab era uno de los principales beneficiarios del programa de alimentación denominado Clap. Y la fiscal venezolana en el exilio, Luisa Ortega Díaz, también lo ligó a ese negocio. Pero el colombiano lo negó todo.

Precisamente, esa participación en el suministro desde México de alimentos de paupérrima calidad nutricional y con sobreprecios para los Clap, como denunció la Procuraduría General mexicana en octubre de 2018, terminó de poner a Saab en el radar público. Además, confirmó a organismos internacionales, así como a agencias norteamericanas, que Álex Saab era algo más que un simple contratista de Nicolás Maduro.

Desde su primer negocio en Venezuela, logrado a finales de 2011 con el propio Hugo Chávez, Saab no dejó de acumular contratos hasta convertirse para Maduro en una especie de ministro plenipotenciario en la sombra. En alguien capaz de levantar junto con su socio Álvaro Pulido Vargas una red de sociedades instrumentales en el mundo para manejar el negocio de los alimentos, del oro y hasta del petróleo en una Venezuela que se hundía en el colapso.

Pese a todo, Garzón apunta, incluso, a reclamar una indemnización de entre 5 y 12 millones de dólares al Estado de Cabo Verde por los “daños patrimoniales y de imagen” contra Saab. Para ello insiste en su supuesto carácter de emisario de un Gobierno de otro país.

El primer ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, declaró esta semana a medios de su país que el proceso de Saab está “bajo decisión judicial” y que si instancias internacionales lo requieren, el Gobierno de Cabo Verde se pronunciará cuando sea necesario. Por su parte Arnaldo Silva, un abogado caboverdiano que rechazó sumarse al equipo legal de Saab, aseguró que Cabo Verde “no reconoce que el Gobierno de Venezuela tenga un interés directo o inmediato en el proceso”.

Para conocer si la estrategia del abogado español funcionará aún hay que esperar. Mientras tanto, el proceso de la extradición ha seguido su curso ante la justicia de Cabo Verde y ha supuesto varios reveses para las pretensiones del empresario barranquillero. La justicia de ese país le negó los recursos de habeas corpus, ha descartado los reclamos contra la alerta roja de Interpol que originó la detención y lo trasladó nuevamente a la isla de Sal en busca de mayor protección.

A finales de esta semana los abogados presentaron un nuevo recurso contra la extradición, solo días después de que el Ejecutivo de Cabo Verde aceptó continuar con el trámite del colombiano y en un intento por demorar todavía más el proceso legal. Los tribunales ahora cuentan con un plazo de hasta diez días para resolver esa impugnación.

En paralelo, el régimen de Maduro ha insistido con la presión diplomática por medio de cartas que ha enviado el canciller venezolano, Jorge Arreaza, a las autoridades de Cabo Verde. Maduro ha delegado en Arreaza todas las gestiones y aún no se ha pronunciado sobre la situación del hombre al que le confió millonarios negocios en pocos años.

Asimismo, desde Venezuela han organizado viajes a la vecina Guinea-Bissau con personal de inteligencia y emisarios de Maduro en un intento por sondear de cerca la situación del empresario colombiano, pero también de tantear la posibilidad de un rescate.

El diario portugués Expresso y el medio venezolano Armando.info documentaron que a finales de junio un avión de PDVSA llegó a Bissau. Los ocupantes se alojaron en una instalación militar y en ningún momento pasaron por controles migratorios. A Bissau han seguido llegando aviones ligados a las gestiones venezolanas en favor de Saab.

Para este y para el régimen de Maduro cada día que pase se agota el margen de maniobra. “Yo creo que una de las cosas más importantes que deben suceder en las próximas semanas es que un delincuente como Álex Saab, que fue arrestado en Cabo Verde, sea extraditado (…), ya que estamos hablando del principal lavador del régimen de Maduro”, auguró esta semana el presidente Iván Duque. Pero aún nadie sabe cuál será el destino del oscuro empresario barranquillero.