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Centro Democrático anuncia debate de control político contra ministro de Defensa, Iván Velásquez
El representante Juan Espinal hizo el anuncio, tras declaraciones del ministro por el secuestro de la sargento Karina Ramírez y sus hijos, al calificar la actuación de la uniformada como una imprudencia. Pidió la renuncia del jefe de la cartera de Defensa y señaló que el debate se presentará en la legislatura que inicia el 20 de julio.
La declaración del ministro de Defensa, Iván Velásquez, que calificó como una “imprudencia” el desplazamiento de la sargento Karina Ramírez y sus hijos que terminó con su secuestro, sigue generando reacciones en el país.
El Centro Democrático anunció que, una vez inicie la próxima legislatura, el 20 julio, se presentará un debate de control político contra el jefe de la cartera de Defensa.
“Lo del ministro Iván Velásquez es una vergüenza para el país, el 20 de julio se inicia una nueva legislatura y lo citaremos como partido Centro Democrático a debate de control político. Debe responder ante los colombianos y dar explicaciones”, dijo en un trino el representante Juan Espinal.
El episodio del secuestro de la sargento y las posteriores declaraciones del ministro fueron la base del anuncio de Espinal, que calificó de “lamentables” las declaraciones del ministro de Defensa, al señalar que la oficial y sus hijos, secuestrados por el ELN y posteriormente liberados, habían incurrido en una imprudencia.
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Espinal dijo que el ministro “debe renunciar y dar un paso al costado. Que el gobierno nacional garantice la seguridad, que es fundamental”, al confirmar la citación al ministro a un debate de control político para que explique no solo este caso, sino lo que está ocurriendo en el país en materia de seguridad.
En la más reciente edición de la revista SEMANA, se asegura que Iván Velásquez resultó ser un fiasco como ministro de Defensa y, de paso, la ineficaz política de seguridad del Gobierno Petro para llegar a la llamada ‘paz total’.
El fracaso del funcionario en el cargo salta a la vista y su desconexión con la crítica situación de orden público que azota al país es cada vez más notoria. El viernes 7, horas antes de su liberación, se atrevió a culpar a la sargento Ghislaine Karina Ramírez de haber sido secuestrada por el ELN junto con sus dos hijos, ambos menores de edad y uno de ellos autista. Velásquez habló de una “imprudencia” de la uniformada y, como si fuera poco, planteó que en todo caso se sabía “de la presencia del Ejército de Liberación Nacional” en esa zona del país.
Las palabras del ministro no solo revictimizaron a los secuestrados. También demostraron de qué lado está. Aunque después, ante la ola de críticas, trató de corregir con un trino, ya era tarde. Aquí lo cierto es que los criminales del ELN eran los únicos responsables del hecho y nada justifica el secuestro. Por el contrario, el Estado tiene que garantizar la seguridad en todo el territorio nacional, como ordena la Constitución. Es vergonzoso que un ministro de Defensa acepte públicamente que hay zonas donde los asesinos son dueños y hay que dejarles el espacio libre. Es como si le importaran más los derechos humanos de los delincuentes que los de los ciudadanos.
Cuando se desataba la tormenta por sus polémicas declaraciones, se conoció la noticia del regreso de los secuestros masivos al país como en el año 2000: esta vez, las víctimas fueron 19 trabajadores de la empresa KMA Construcciones en el Catatumbo. Con el ministro Velásquez, sin duda, Colombia ha retrocedido décadas en materia de seguridad.
El panorama es aterrador. Las masacres aumentaron 61,1 % entre el 7 de agosto de 2022, cuando Petro se posesionó, y el 5 de julio de 2023 en comparación con el Gobierno Duque en el mismo periodo entre 2021 y 2022. Las zonas más críticas son Norte de Santander, Arauca, Antioquia, Valle del Cauca y Atlántico.
Lo del secuestro es escalofriante. Mientras que entre enero y mayo de 2022 hubo 55 registros, en el mismo periodo de 2023 fueron 144, es decir, un incremento del 162 % en ese delito. Pero no solo eso. De enero a junio de este año fueron asesinados 83 líderes sociales, según Indepaz. También aumentaron los hurtos a personas (16 %), las extorsiones (33 %), y hay datos escandalosos en la lucha contra el narcotráfico: la erradicación de cultivos ilícitos cayó 87 %, la incautación de cocaína se desplomó 18 %, la de heroína, 47 % y la de marihuana, 11 %. Los narcos están de fiesta, y puertos como Buenaventura son hoy un polvorín.
Velásquez ha sido un desastre como ministro de Defensa. Cuando llegó, no sabía nada del sector y, por lo visto, poco o nada ha aprendido. No hay que olvidar que, antes de ocupar el cargo, había sido un reconocido e histórico enemigo de las Fuerzas Armadas. No las conoce, no las entiende y no le importan. En lugar de liderar las tropas, pareciera que su misión ha sido atajar el accionar de estas a tal punto que, como ministro, ha sido más un obstáculo que les ha impedido cumplir con su deber constitucional de proteger a los colombianos. Ese apaciguamiento lo único que hace es envalentonar a los criminales.
Para nadie es un secreto que su primera acción fue barrer con unos 60 generales y almirantes, sobre los cuales quedó la mancha ante la opinión pública de que eran corruptos o violadores de derechos humanos. La inteligencia también está arrasada o, por lo menos, en sus 11 meses de gestión, pareciera haber hecho todo lo posible por desmantelarla. Varios de los mejores y más experimentados oficiales fueron llamados a calificar servicios o, simplemente, trasladados. Es como si se buscara menguar las fuerzas del Estado mientras se empoderan los grupos criminales.
Las grandes operaciones contra los llamados objetivos de alto valor se acabaron, al igual que los bombardeos. No hay duda: las disidencias de las Farc, el ELN, la Segunda Marquetalia, el Clan del Golfo y otros grupos armados ilegales se han fortalecido en el Gobierno Petro y andan como Pedro por su casa en los diferentes territorios y apoderados del negocio del narcotráfico. El cese al fuego bilateral, firmado casi a las doce de la noche del 31 de diciembre, más que disminuir la violencia, les ha permitido a los criminales tomar aire mientras las Fuerzas Armadas, humilladas, han tenido que hacer caso.
Una prueba de ello es que, después de asesinar policías, secuestrar a una sargento con sus dos hijos, activar un explosivo que dejó a varios uniformados heridos y sembrar el terror en Fortul, Arauca, con ráfagas de fusil, el presidente, sin expresar una sola palabra de solidaridad con las víctimas, firmó con sangre fría el decreto que dio vía libre al cese al fuego con el ELN.
El ministro de Defensa ha sido de todo menos un defensor de las Fuerzas Armadas y de sus intereses. Por ejemplo, su gestión fue mediocre ante la suspensión del pago de la mesada 14, lo cual afectará a los pensionados del sector y muy especialmente a los heridos en combate. Algo infame y que desmoraliza no solo a los retirados, sino también a los miembros activos de la fuerza pública. Otro grave problema es que el pie de fuerza ha disminuido en el país, así como su presupuesto. Ni qué decir de su capacidad operativa, que cada vez se ve más golpeada con el deterioro de la logística militar (modernización de equipos, mantenimiento y combustible). Para el ministro de Defensa, los uniformados no son héroes de la patria, son simples funcionarios. Así los llama constantemente.
Es un hecho: Velásquez ha logrado algo inimaginable y ha sido reducir y limitar la capacidad de respuesta de las Fuerzas Militares y de Policía, que estaban ranqueadas entre las mejores del mundo. Todo pareciera ser una estrategia deliberada para ambientar su proyecto de ‘paz total’, que requiere de un Estado arrodillado ante los criminales y dispuesto a darles lo que pidan.
Durante la administración de Velásquez también se han promovido intentonas de persecución contra generales de la cúpula del Gobierno Duque. Tanto es así que el comandante de las Fuerzas Militares, el general Hélder Giraldo, reconoció que, por orden del presidente Petro, se iniciaron indagaciones contra los excomandantes y generales (r) Eduardo Zapateiro y Luis Fernando Navarro por la muerte del narcoterrorista Jesús Santrich en territorio venezolano.
Por alguna razón, de Velásquez no hay muy buenos recuerdos en la Corte Suprema de Justicia cuando fue magistrado auxiliar. De Guatemala fue expulsado, acusado de impartir una justicia tipo show e ideologizada. Allí fue calificado como un perseguidor por sus presuntas extralimitaciones en la lucha contra la corrupción. Hay quienes dicen que su objetivo real es ser el próximo fiscal general de la nación, aunque se tendrían que cambiar los requisitos para poderlo elegir.
Por ahora, mientras sea ministro de Defensa, los ciudadanos vivirán cada día más inseguros, y las Fuerzas Armadas tendrán en él a un malqueriente camuflado que les da órdenes, las desprecia y las mantiene amedrentadas y maniatadas. Por otra parte, con el país en llamas, no hay garantías para las elecciones de octubre, algo con lo que ni se inmuta el ministro. La mayoría de gobernadores y alcaldes aseguran que están solos y que Velásquez no les pasa ni al teléfono. Está claro que el cargo le quedó grande. Bien decía Winston Churchill, el legendario primer ministro británico que derrotó a Hitler en la Segunda Guerra Mundial: “Un apaciguador es aquel que alimenta a un cocodrilo con la esperanza de que él sea el último en ser comido”.