Contratista implicado con “empresa criminal” de Richard Aguilar aceptó cargos

El contratista Artemio Suárez, uno de los protagonistas dentro de la “empresa criminal” que se montó en la Gobernación de Santander durante la administración de Richard Aguilar (2012-2015) aceptó su participación en los delitos imputados por la Fiscalía General.

Tras la pregunta del juez octavo municipal de garantías de Bucaramanga, el contratista aceptó su responsabilidad en los cargos de peculado por apropiación y cohecho (entrega de sobornos). Esto en el marco de la investigación por las irregularidades que se presentaron en las obras de adecuamiento del estadio Alfonso López, ubicado en la capital santandereana.

Suárez manifestó su intención de devolver los 1.300 millones de pesos de los que se apropió de manera ilegal tras recibir a dedo un contrato de parte de la Secretaria de Infraestructura de la Gobernación de Santander.

La obra, que tenía como objeto el reforzamiento estructural del estadio de fútbol, la adecuación de piscinas y del Coliseo Vicente Díaz Romero, suscrito en febrero de 2014, tuvo un valor cercano a los 15.278 millones de pesos. Además, el contrato de interventoría y una adición reconocida por más de 6.700 millones de pesos.

Sin embargo, el entonces mandatario departamental habría recibido dádivas por 2.300 millones. De igual manera, según señala la Fiscalía General, hay indicios de que se le permitió a terceros apropiarse de 7.683 millones de pesos.

El contratista Artemio Suárez, por medio de su defensa, estaría buscando un preacuerdo con la Fiscalía General. En él se comprometería a dar información sobre este caso de corrupción. el juez octavo municipal de garantías le impuso medida de aseguramiento en su domicilio.

Por estos hechos de corrupción la Fiscalía General ya llamó a juicio al exgobernador Richard Aguilar, que se encuentra actualmente privado de su libertad en centro carcelario, y al exrepresentante a la Cámara, Edwin Ballesteros, que se desempeñó como gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Santander (ESANT), entre noviembre de 2013 y enero de 2016.

El proceso contra Richard Aguilar

Según la Fiscalía General, Richard Aguilar constitutyó una verdadera empresa criminal con el fin de direccionar la contratación a favor de algunos de sus amigos, familiares y otros particulares que, supuestamente, se comprometieron a entregarle el 10 % de cada obra o proyecto adjudicado.

Para darle apariencia de legalidad creó un comité asesor para, supuestamente, orientar a su manera los procesos contractuales en el departamento. Adicionalmente, nombró a dos personas de su confianza como secretaria de Infraestructura y director de Gestión de Infraestructura con el propósito de garantizar que la contratación se ajustara y quedara en manos de las personas que él encomendaba.

Para garantizar la entrega de los millonarios contratos, exigía el 10 % del valor total. Por estos hechos de corrupción fue acusado formalmente el pasado 8 de febrero ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, por los delitos de concierto para delinquir, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.

Aguilar, que fue capturado el 28 de julio de 2021, se ha declarado inocente.