En medio de la Sierra Nevada, Duque sancionó la Ley de acción climática

Junto a ministros, congresistas y autoridades locales, el presidente Iván Duque fue hasta Nabusímake, capital espiritual de la comunidad arhuaca en la Sierra Nevada de Santa Marta, para sancionar la Ley de acción climática. La conciliación del proyecto fue aprobada el pasado 15 de diciembre y este miércoles entró en vigencia la norma que busca ser la hoja de ruta de Colombia para lograr la carbononeutralidad en 2050.

La propuesta, presentada por ocho ministerios, logró ser ley en menos de tres meses y busca, en primer lugar, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 51 % para 2030. Para 20 años después, se busca lograr acciones suficientes para una total compensación y lograr que se equilibre la cantidad de carbono liberado con el retirado de la atmósfera.

La ceremonia simbólica la abrió un líder arhuaco, quien habló en su idioma nativo a las comunidades pertenecientes a la zona. Después, tradujo su discurso dándole la bienvenida al presidente y demás delegados. En su pronunciamiento reafirmó la voluntad de la comunidad de aportar en términos de cambio climático y preservación del medioambiente.

Después, el turno fue para la representante y presidenta de la Cámara, Jennifer Arias, quien también resaltó la importancia de la ley y recalcó que no es una bandera única de un partido político. Además, reconoció el compromiso de Duque con la mitigación del cambio climático. “No quería dejar pasar este momento. Presidente, le reconocemos su trabajo. Ha sido, desde el primer día de su Gobierno, un comprometido con el medioambiente”, señaló.

Juan Diego Gómez, presidente del Senado, aseguró que se trata de un compromiso de los actuales mandatarios con las nuevas generaciones. “En esta lucha mundial, haremos lo nuestro contra el calentamiento global. Queremos fomentar acciones posibles y medibles, con la restauración ecológica”, dijo.

El presidente, por su parte, aseguró que la ley será un documento importante para guiar las medidas que se tomarán para mitigar el cambio climático. “La Ley de acción climática la hemos denominado la constitución climática de Colombia, porque está fijando el norte y los derroteros para las próximas décadas en la protección de nuestra casa común. No hay un planeta B, no hay otra madre tierra; es esta y la tenemos que cuidar”, aseguró.

El mandatario indicó que, tal como lo dio a conocer en la conferencia COP26, el objetivo es convertirse en un país sin excedentes en las emisiones de carbono. “Nuestro objetivo con esta ley es marcar el camino a que nuestro país sea carbononeutral, el camino a cero emisiones; alcanzar esa neutralidad de manera decidida en el año 2050, como lo expresamos en Glasgow”, subrayó.

Recalcó, además, su intención de que la ley no quede solo en el papel. “Aquí vamos a trabajar con las comunidades ancestrales, vamos a hacer pagos por servicios ambientales, vamos a trabajar en los bonos de carbono de conservación y vamos a trabajar en educación ambiental”.

Aparte de la carbononeutralidad, la ley pretende lograr avances en eliminación de la deforestación, transición energética y adaptación en el sector empresarial.

Para 2030, se pretende proteger como mínimo el 30 % de los mares y áreas continentales, restaurar ecológicamente al menos un millón de hectáreas, lograr 600 mil vehículos eléctricos en las calles de Colombia y renovar 57 mil del parque automotor de carga. Además, se toman en cuenta medidas de seguimiento a estos logros.

La Ley de acción climática cuenta con mandatos para la divulgación de información y también delimita de manera específica las metas que tienen como fin enfrentar, desde todos los ángulos, el calentamiento global y proteger el patrimonio natural de Colombia.

El Ministerio de Ambiente resalta que Colombia es uno de los países más vulnerables al cambio climático, a pesar de que también es uno de los que menos emisiones de gases de efecto invernadero emite, con tan solo el 0,6 % del registro global. Sin embargo, como el segundo país más biodiverso del mundo, existe compromiso desde el sector público para combatir los efectos del mismo.