EE.UU y Colombia: con amigos así...

Hace dos meses, Iván Duque parecía estar construyendo una de las relaciones más cercanas que el Gobierno colombiano había tenido con Estados Unidos. El presidente colombiano fue recibido muy bien en la Casa Blanca y no había dudado en calificar esa visita con un 10/10. Por cuenta además del liderazgo de la coalición contra el régimen de Maduro, Colombia se consolidaba como un aliado estratégico y en ascenso para el inquilino de la Casa Blanca. Sin embargo, unas semanas después esa luna de miel empieza a desvanecerse. Hoy, Estados Unidos se siente en los temas más sensibles del país, ya no tanto como el mejor amigo, sino como auditor. Desde hace muchos años no se veía la mano del Tío Sam presente en tantas decisiones tan importantes.

Los asuntos no son menores: las objeciones a la JEP, la extradición de Santrich, el caso de Andrés Felipe Arias, el glifosato, el proceso de paz, Venezuela y hasta las visas de los congresistas y magistrados. En el país se ha vuelto a hablar de que la relación con los Estados Unidos se “narcotizó” y de que, quizás, desde la época de Myles Frechette el embajador de ese país no jugaba un rol tan preponderante como ahora.

La visita de Mike Pompeo a Cúcuta deja ver que el tema de Venezuela es de primer orden para Trump.  Si Colombia no extradita a Jesús Santrich, podrían existir consecuencias.

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La creciente influencia de Estados Unidos se convirtió en tema desde que se hizo público que, en un desayuno, Kevin Whitaker, embajador de ese país en Colombia, le había pedido a un grupo de congresistas apoyar las objeciones del presidente Duque a la JEP. El contenido de esas conversaciones, que incluían el caso Santrich y la importancia de la fumigación a los cultivos ilícitos, pusieron de nuevo el debate sobre la injerencia de ese país en los asuntos internos de Colombia. Una cita similar se había frustrado entre el embajador y los magistrados de la Corte Constitucional que tienen en este momento el debate del glifosato. Los juristas decidieron no aceptar el encuentro para evitar comentarios sobre presiones al Poder Judicial.

El rol protagónico que ha jugado el embajador Whitaker ha sido el principal síntoma de ese giro en las relaciones que se han dado con la presidencia de Donald Trump. El 28 de abril de 2019 Whitaker cumplirá cinco años al frente de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá. Es mucho tiempo. Y poco común. Por la política de la diplomacia, un embajador no dura más de tres años en su puesto. El objetivo es evitar que el embajador se vuelva demasiado local.

El embajador Kevin Whitaker habría dicho en el desayuno con los congresistas que de no resolverse las preocupaciones sobre la extradición en la ley estatutaria de la JEP, Colombia sufriría las consecuencias.  

A Whitaker le designaron un reemplazo en 2017, pero el proceso de Joseph Macmanus no ha podido llegar a votación en la plenaria del Senado estadounidense. Un senador, el republicano Mike Lee, la tiene en el congelador. Considera que Macmanus no ha contado qué pasó en Bengazi durante la Secretaría de Estado de Hillary Clinton. Esta situación ha favorecido a Whitaker, que ve la embajada en Colombia como la culminación de sus más de 35 años en el servicio exterior.

Cinco años al frente de la sede diplomática le han dado un panorama privilegiado de la historia reciente de Colombia. Estuvo prácticamente en todas las negociaciones del Gobierno de Juan Manuel Santos con las Farc. Conoció los intríngulis del diálogo, dada la presencia de Bernie Aronson como representante personal del presidente

Barack Obama a partir de 2015. Estados Unidos participó de manera muy relevante en ese proceso de paz en dos asuntos: el narcotráfico y el castigo que recibirían los jefes de las Farc.

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Para Estados Unidos era crítico que las Farc ayudaran en el desmantelamiento de sus redes de narcotráfico y delataran a sus socios mexicanos. Para ellos no era suficiente con que las Farc dejaran de traficar; deberían tener un rol activo. Y, si bien compartía los principios de la justicia transicional, Estados Unidos esperaba que esta se aplicara con todo el peso de la ley. Una falla podría significar la remoción de los beneficios y su posible extradición. Varios de las Farc tienen órdenes de captura de la Justicia estadounidense.

La Corte Constitucional debate el regreso del glifosato a Colombia. El embajador invitó a los magistrados a un encuentro.  

Esa posición se conocía desde el día uno, tanto en la era de Obama como en la de Trump. Eran las líneas rojas de los gringos, pero no necesariamente de los colombianos. Desde la perspectiva de los americanos, en el acuerdo de paz el compromiso contra el tráfico de estupefacientes es débil y muy lejano del gran garrote que pretendía la DEA. Estados Unidos esperaba que los jefes de las Farc comenzaran a hablar en la justicia transicional de las rutas y los socios que tenían en la cadena del narcotráfico, pero ese proceso en la JEP está lejos de darse.

Igual pasa con la extradición y la situación de Jesús Santrich. Para Estados Unidos no hay un caso más contundente de incumplimiento del acuerdo. Existen pruebas de video de Santrich aceptando ser parte del grupo de narcos mexicanos en febrero de 2018. El caso Santrich sería el símbolo de qué pasaría con alguien que delinque después de firmado el proceso de paz. Pero a un año desde su captura, su extradición a Estados Unidos sigue en el limbo. La Jurisdicción Especial para la Paz le pide nuevas pruebas a Estados Unidos que no van a llegar.

Para Estados Unidos la posición es sencilla: Santrich volvió a traficar y por eso ha sido solicitado por la Justicia estadounidense. No entiende la demora de la JEP ni de la Corte Suprema. Con los meses que pasan, el Gobierno del Tío Sam está más impaciente y dispuesto a subir el tono. El primero de abril fue un aviso.

Ese día fue cuando el embajador Whitaker invitó a desayunar a la comisión del Senado encargada de analizar las objeciones del presidente Iván Duque a la ley estatutaria de la JEP. En el Senado, a diferencia de la Cámara de Representantes, las objeciones tienen mejor ambiente. Era un grupo de parlamentarios invitados a un encuentro amigable en opinión del diplomático. Estuvieron José David Name (Partido de la U), Iván Marulanda (Partido Verde), Paloma Valencia (Centro Democrático), John Milton Rodríguez (Colombia Justa Libres), Antonio Zabaraín (Cambio Radical) y David Barguil (Partido Conservador).

Álvaro Hernán Prada

John Jairo Cárdenas

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Para los asistentes fue un diálogo franco y directo. El embajador planteó su preocupación frente a la JEP y respaldó las objeciones de Duque. Llegó a insinuar que Santos, De la Calle y Jaramillo lo engañaron, según la crónica que publicó El Espectador.

El embajador Whitaker, de acuerdo con la versión del diario, dijo que si no se resuelve el tratado de extradición en las objeciones, podría haber consecuencias. Planteó que estas podrían afectar toda la ayuda o parte de los 500 millones de dólares que da Washington a Colombia.

El martes 2 de abril invitó a otro grupo de congresistas, esta vez miembros de la Cámara de Representantes, quienes eran mucho más críticos frente a las objeciones de Duque a la ley estatutaria de la JEP. Allí, el embajador reiteró sus preocupaciones y las posibles repercusiones en las relaciones entre Colombia y Estados Unidos si no se tomaban medidas más drásticas frente al aumento de los cultivos ilícitos y la extradición de quienes violaran los acuerdos de paz al seguir traficando droga. Entre los asistentes estaba Juanita Goebertus (Alianza Verde), John Jairo Cárdenas (Partido de la U), David Racero (Decentes), Carlos Ardila (Partido Liberal), José Daniel López (Cambio Radical) y Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático).

Juanita Goebertus

Carlos Ardila Espinosa

José Daniel López 

Whitaker dijo: “Hemos invertido 1.000 millones de dólares desde que se firmó el acuerdo y no parece justo que no podamos sugerir nada y no seamos escuchados”, según registró El Espectador. La posición del embajador de que la falta de compromiso podría poner en riesgo la ayuda fue interpretada por algunos congresistas como una intromisión en los asuntos internos. Y dada la polarización política que ha generado la paz, cualquier pronunciamiento del representante de Donald Trump se ve bajo ese prisma y despierta suspicacias. Si bien la intención del embajador no era meterse en los asuntos internos sino expresar que la paciencia de Washington frente a la falta de resultados en la política antidrogas se estaba agotando, los congresistas lo interpretaron de otra manera.

Las palabras de Whitaker no tuvieron eco en esa audiencia. Esa misma mañana, el comité de la Cámara de Representantes presentó su ponencia negativa. La semana siguiente la Cámara votó abrumadoramente en contra de las objeciones. En el Senado, la perspectiva tampoco es muy alentadora para quienes quieren salvar las objeciones a la JEP, y el embajador aún tiene la esperanza de que allí se apoyen las objeciones del presidente.

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El ambiente de crispación ha llegado a tal punto que el congresista John Jairo Cárdenas alcanzó a decir en Blu Radio que su cancelación de la visa era una “retaliación” por hablar de los pormenores del desayuno.

Aunque muchos creen que el embajador obra por su cuenta, la verdad es que ningún funcionario diplomático actúa como rueda suelta. Sus instrucciones con seguridad provienen de Washington.

Esta preocupación de Estados Unidos viene desde la era de Obama, en la que algunos funcionarios dudaban de la efectividad del acuerdo sobre el narcotráfico, especialmente dado el exponencial crecimiento de los cultivos ilegales de coca. Con el nuevo Gobierno de Trump, esa preocupación se volvió pública y se ha manifestado en el tono altisonante y antipático del magnate político.

Para Whitaker, parte de su trabajo diplomático en defensa de los intereses de Estados Unidos es influir en los círculos de poder de Colombia. Pero quizás lo que más molesta a Washington son las 220.000 hectáreas de coca que tienen inundado el país y cuyos envíos están llegando en su mayoría a esa nación. La cifra de incautaciones ha batido todos los récords, y dado el fracaso de la sustitución de cultivos que se planteó en el acuerdo de paz, el garrote del Tío Sam viene con fuerza.

Uno de los temas más sensibles es la fumigación con glifosato, para ellos la herramienta más efectiva para combatir los cultivos ilícitos. Esta se prohibió en 2015 argumentando riesgos en la salud, pero era claro que además se trataba de uno los puntos en la mesa de negociaciones de La Habana. La Corte Constitucional en su momento respaldó la prohibición, aunque no la descartó del todo, y el tema está nuevamente en debate en ese alto tribunal. Los magistrados tendrán que pronunciarse en las próximas semanas sobre este espinoso tema.

El impacto de los cultivos irradia todas las relaciones con Estados Unidos. Para Trump es la primera, segunda y tercera prioridad. En el último mes, Trump mencionó dos veces a Colombia. La primera para advertir el hecho de que el país exporta más cocaína que nunca y que, a pesar de que Duque “es buen tipo”, no hay resultados en ese frente. La segunda, en el estado de Texas dijo que el país quiere llenar a Estados Unidos con criminales colombianos. Con eso, Colombia entró al club de El Salvador, Honduras y Guatemala, acusados de lo mismo.

Y eso que apenas estamos en abril de 2019 y las elecciones presidenciales estadounidenses son en noviembre de 2020. En ese contexto, Colombia es una ficha ideal en el ajedrez electoral de Trump que se juega en los próximos 19 meses.

Entre tanto, Duque está en una encrucijada, ya que, si bien quiere retornar a la aspersión aérea, no puede hacerlo sin el visto bueno de la Corte Constitucional. Mientras Duque va a audiencias ante los magistrados de ese alto tribunal y entrega exhaustivas argumentaciones, Trump regaña por Twitter. Con el agravante de que en el Palacio de Justicia, después de las objeciones a la JEP, el ambiente para el presidente no es el mejor. Sin embargo, el agravamiento de la situación de orden público, el aumento de las disidencias y del microtráfico en las ciudades han generado un ambiente político que haría posible medidas más drásticas frente al aumento de los cultivos ilícitos y su financiación al crimen organizado. Y la única herramienta que se perfila como una salida, por ahora, es la de la fumigación.

Frente a esta situación, Duque ha manifestado que heredó el problema, y el Centro Democrático ha sacado todo tipo de estrategias virales en redes sociales y mediáticas en las que culpa al Gobierno de Santos y al proceso de paz de la actual situación. En esos mensajes han difundido el mensaje de “una paz llena de drogas”.

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Duque pide paciencia para redireccionar su política interna antidrogas y, mientras tanto, trata de recuperar la confianza de Washington al hacer un frente común ante la amenaza del régimen de Nicolás Maduro a la región: Colombia, por la migración masiva de los venezolanos a su territorio producto de la tragedia humanitaria, y Estados Unidos, por sus intereses geoestratégicos en su patio trasero donde se han metido los chinos y los rusos.

En esa cruzada diplomática y política, Duque se siente cómodo y se ha ganado el liderazgo regional. Tanto es así que fue invitado por Trump a la Casa Blanca en febrero para analizar el futuro de Venezuela. Y a los asesores de Trump les gusta esa causa, pues hay miles de votos venezolanos en el estado de Florida que han sido determinantes en las últimas elecciones.

El domingo pasado se realizó la visita del secretario de Estado Mike Pompeo a Cúcuta. El alto funcionario se reunió con migrantes venezolanos para reafirmar su compromiso de combatir el régimen de Maduro. Fue un encuentro cordial, después de un contrapunteo diplomático altisonante entre dos aliados. Tras las duras afirmaciones de Trump sobre la lucha antidrogas, Pompeo hizo unas declaraciones importantes para el Gobierno colombiano. Reconoció que Estados Unidos tiene su cuota de responsabilidad en la demanda de droga. Duque, en la misma rueda de prensa, reafirmó la decisión de combatir a los carteles de la droga como política interna.

Pompeo es solo el último de los políticos estadounidenses que hizo una parada en la frontera colombo-venezolana. También estuvo el influyente senador Marco Rubio, la eminencia gris de la política en América Latina. Todos repiten el discurso de que el actual régimen tiene que irse.

En todos los temas cruciales del país, el futuro de la JEP, la extradición, los cultivos ilícitos, Venezuela, entre otros, Colombia tendrá que definir cómo maneja las relaciones con su gran aliado, sin que el Gobierno pierda su independencia y el país su soberanía. Y en la era Trump ese balance no es fácil de lograr como se ha visto con sus históricos aliados en la Unión Europea o su pulso comercial frente a su rival chino. Así, es claro que de no aprobarse las objeciones de la JEP, hay posibilidad de sanciones estadounidenses. De no autorizarse la extradición de Santrich, nuevamente aparecerá el fantasma de la descertificación. De no cumplir con la reducción de los cultivos, será tema de permanente debate en la campaña para la reelección de Trump. Y con Venezuela, habrá que ver hasta dónde llegan las presiones políticas para tumbar un régimen que parece atornillado y cuyas consecuencias Colombia cada vez padece más. Con amigos así.