¿Tumbar la norma? Debate por pertinencia de impuesto solidario

Luego de que el pasado primero de mayo entrara en vigor el impuesto solidario para trabajadores del sector público tras la emisión del Decreto 568 de 2020, varios funcionarios elevaron quejas y observaciones por una medida que varios consideran excesiva.

En la norma, el Gobierno dispuso que hasta el 31 de julio se descontará entre el 15 % y el 20 % de sus ingresos a funcionarios con salarios de $10.000.000 o más, incluyendo a trabajadores con contrato de prestación de servicios y pensionados de ese sector.

La cifra aumenta en la medida que el trabajador gane más. Según el artículo 6 del decreto, el impuesto es del 16 % para quienes ganen $12.500.000, 17 % si el salario es de entre $15.000.000 y $20.000.000, y del 20 % para quienes ganen $20.000.000 o más.

El recaudo será trasladado al Fondo de Mitigación de Emergencias (Fome), creado en marzo pasado mediante el Decreto 444 de 2020 para apoyar al sector salud en medio de la emergencia por covid-19.

Sin embargo, el impuesto se ha convertido en una auténtica disputa judicial, pues no son pocos los trabajadores que han criticado la norma alegando que se ve afectado su ingreso mínimo vital.

Es el caso de un juez civil municipal de la ciudad de Cali, que por medio de una tutela logró que no se le aplicara el gravamen, ya que de los poco más de $10.000.000 que gana, casi la mitad le es descontada por seguridad social y lo que queda lo usa para sostener a cuatro menores de edad y a su pareja sentimental.

Pero este no es el único caso. Mientras la Corte Constitucional decide si la norma se ajusta o no a la Carta Magna, a ese alto tribunal han llegado varios escritos y observaciones de ciudadanos con quejas similares.

Por ejemplo, magistrados del Tribunal Superior de Barranquilla aseguraron a la Corte que los derechos fundamentales de los servidores judiciales se ven afectados por el decreto del impuesto solidario, un análisis similar al del Tribunal Superior de Cúcuta, que cree que esa carga “desmejora los derechos sociales de los trabajadores estatales”.

Sin embargo, en el ámbito académico, la Universidad Externado apoya el impuesto. En su concepto, está bien que el gravamen solo se les cobre a servidores públicos, pues estos “tienen una responsabilidad adicional a la de todos los ciudadanos” y la medida es una manifestación del principio de solidaridad para ayudar a personas afectadas en medio de la emergencia sanitaria.

El Gobierno, por su parte, espera recaudar $287.000 millones teniendo en cuenta que los funcionarios cobijados con el decreto son poco más de 22.000, además de 6.010 contratistas y 18.469 pensionados que ganan más de $10.000.000 al mes.

En un documento, el Ministerio de Hacienda explica que “en el diseño del impuesto solidario se consideró no solo el nivel de ingresos de los potenciales contribuyentes, sino también la estabilidad de estos ingresos y la permanencia en el empleo, determinando que bajo el principio de solidaridad que irradia el Estado, es consecuente gravar únicamente a los servidores públicos”.

En cuanto a los pensionados, la cartera aduce que la norma incluye solo a aquellos “con mayores ingresos que están en mejores condiciones económicas y por tanto pueden ser sujetos pasivos del impuesto en desarrollo del principio de solidaridad”.