Nación
Destituyen e inhabilitan por 17 años al alcalde de Villa del Rosario, Norte de Santander, por irregularidades en contratos
Se trata de Carlos Julio Socha, quien ya había estado en el cargo antes en el periodo comprendido entre 2012 y 2015.
Hace menos de una semana, los habitantes del municipio de Villa del Rosario, Norte de Santander, padecían por el problema de salud pública e higiene causado por la mezcla entre aguas residuales y aguas de consumo, lo que ocasionó que varias personas se enfermaran y muchas otras no contaran con el suministro por más de 24 horas. Ahora, otra problemática aqueja al sector. Esta vez se trata de la destitución del alcalde.
Carlos Julio Socha, quien se desempañaba en el despacho central de la administración desde 2020, venía siendo investigado por la Procuraduría General de la Nación por algunos hechos cometidos en la vez anterior que ocupó el mismo cargo, de 2012 a 2015.
En esa ocasión, se produjeron irregularidades en la firma de un contrato para el recaudo de las fotomultas. Asimismo, el acuerdo afectaba también otras operaciones de tránsito del municipio.
De esta manera, el órgano de control determinó que el contrato fue firmado por medio de la modalidad de contratación directa. No obstante, esto no era lo propio, ya que se requería que la administración convocara una licitación pública, la cual permitiera que varios oferentes participaran y se escogiera en consenso.
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Por otra parte, llamó la atención de las autoridades que el firmante fuera una sociedad de economía mixta, de la cual el Estado solo poseía el 20 %. En tanto, lo que la ley establece es que la participación estatal debe ser por lo menos superior al 50 %.
“Ni los contratos interadministrativos, ni la constitución de sociedades de economía mixta, se puede convertir en atajos para saltarse una licitación pública y limitar la participación de pluralidad de oferentes, máxime cuando el contrato no tenía una correlación entre las obligaciones y la remuneración”, confirmó el Ministerio Público.
Asimismo, no fue solo el proceso de contratación lo que ocasionó consecuencias legales para Socha. Por otra parte, la Procuraduría notó que los estudios que se hacen antes de la firma del documento no fueron hechos con los cuidados suficientes. El organismo supervisor detalló que no se realizó un análisis del modelo financiero, el cual pudiese validar la viabilidad del contrato.
El acuerdo finalmente fue adjudicado a la sociedad de economía mixta Empresa de Tránsito y Transporte de Villa del Rosario S.A.S. -ETTVR-, por un periodo de 30 años, de acuerdo a lo que puntualizó la entidad.
“Yo no sé de dónde saca ese fallo sin ningún argumento jurídico. Esta señora dice que es una falta grave, ella comenta que yo no debía crear una Sociedad de Economía Mixta. En muchos municipios del país están creadas, entonces ¿Por qué no han destituido a los otros alcaldes? Porque aquí le metieron politiquería” dijo Carlos Socha en su momento.
De la misma manera, el Ministerio Público sostuvo que ex burgomaestre “estuvo al tanto de las falencias existentes previamente a la celebración del contrato interadministrativo y, a pesar de ello, prefirió pasarlas por alto con la intención de que la directora de Datrans suscribiera el acuerdo sin mayores reparos y sin consideración a las consecuencias que su actuación pudiera provocar”.
No obstante, como parte del mismo fallo, la Procuraduría informó que se les absolvió del cargo impuesto previamente por “presuntamente haber comprometido vigencias futuras”. Aun así, logró establecerse que la entidad de transporte no se comprometió a hacer alguna apropiación del presupuesto de gastos del ente territorial.
“Ella dice ¿Por qué no dejé vigencias futuras en esa sociedad? Es una vieja re bruta, cómo voy a dejar vigencias futuras si el municipio no está colocando un peso. Y la más rebrutísima que cometió fue que dijo que ordené hacer un contrato por 30 años, cuando está aprobado por la junta” agregó Socha hace semanas en rueda de prensa.
Finalmente, por lo anterior quedó consignado que los recaudos por concepto de las sanciones y trámites de tránsito constituirían la fuente de financiación del mismo, según recoge la información publicada por la Procuraduría.
