JUDICIAL
Impunidad: Prescribió lo que quedaba de Interbolsa
Este lunes, se declaró la prescripción del proceso contra Álvaro Tirado, Luis Fernando Restrepo y Álvaro Andrés Camaro por manipulación fraudulenta de especie. La Fiscalía no tuvo de otra que respaldar la decisión.
Ante la mirada escandalizada de las víctimas, este lunes, la jueza 33 de circuito de Bogotá le aplicó los santos óleos al último proceso que le quedaba pendiente en el sistema penal contra ejecutivos de Interbolsa.
La funcionaria judicial declaró la prescripción del proceso que se adelantaba por manipulación fraudulenta de especie en el registro nacional de valores contra el expresidente de la Sociedad Comisionista de Bolsa Álvaro Tirado Quintero; el vicepresidente de la Sociedad Administradora de Inversión de Interbolsa Álvaro Andrés Camaro Suárez y Luis Fernando Restrepo Jaramillo, miembro del Comité de Riesgos de Interbolsa.
El caso por el mayor descalabro bursátil del país se desmoronó ante los jueces. Hace apenas algunas semanas, contra estos mismos tres ejecutivos se había prescrito la acción penal por administración desleal agravada.
“No es el momento ni el escenario de rendir ninguna explicación sobre lo acontecido”, manifestó la fiscal del caso Alexándra Ladino, quien no tuvo de otra que reconocer ante la jueza que -teniendo en cuenta que la imputación de cargos fue el 15 de enero del 2014- la acción penal por este delito prescribió el 15 de octubre.
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El proceso disciplinario para determinar de quién es la culpa por la impunidad que acecha este caso es inminente. Por eso, Ladino pidió a la jueza copia de todas las diligencias judiciales que se citaron desde enero del 2014 a la fecha.
De nada sirvieron los reclamos de los abogados de las víctimas, quienes pidieron que las dilaciones de los abogados de los imputados fueran contados en favor de la acción judicial. Tampoco, las alertas que durante años elevaron los jefes de la Procuraduría y de la Fiscalía reclamando dedicación absoluta de las partes para estos procesos.
En este caso particular, los abogados de las víctimas calculan que se perdieron en total dos años en dilaciones de abogados sin que la Fiscalía o la jueza pudiera tomar cartas en el asunto. Se calcula que a lo largo de este proceso judicial específicamente participaron simultáneamente doce abogados, entre representantes de víctimas y apoderados de procesados.
La imputación de cargos contra los exdirectivos fue en enero del 2014 y el 15 de abril de ese mismo año se presentó acusación. Con esta última acción de la Fiscalía comenzó el viacrucis judicial: la primera audiencia preparatoria se citó para el 7, 8, 15, 16 y 17 septiembre del 2015, pero los abogados de los imputados pidieron tiempo para terminar de verificar el descubrimiento probatorio.
Una nueva diligencia se citó para el 23 y el 24 de noviembre de ese 2015 pero tampoco se pudo realizar. La audiencia fue aplazada casi un año y la nueva citación quedó para el 8, 9, 10 y 11 de agosto del 2016, cuando los defensores de Alessandro Corridori, de Álvaro Tirado y de María Eugenia Jaramillo dijeron que no podían realizar descubrimiento probatoria por tener pendientes decisiones de segunda instancia.
El 29 de enero del 2017 se instaló audiencia preparatoria pero tampoco se realizó el descubrimiento pues el abogado defensor de Álvaro Tirado, el único que quedaba pendiente de descubrir sus pruebas, alegó que no podía porque no las tenía listas. Finalmente, el 27 de junio del 2017, los abogados de Tirado terminaron su descubrimiento probatorio.
Cuando parecía que por fin iniciaría el juicio, en octubre del 2018 comenzaron las renuncias masivas de los apoderados de los procesados. De hecho, varios de estos implicados terminaron representados por la Defensoría pública.
“Se sumaron casi dos años en que se detuvo acción penal porque las defensas y los procesados se tomaron plazos que no son atribuibles a la jurisdicción”, cuestionó uno de los abogados que defiende a las víctimas.
Con lo ocurrido este lunes quedó demostrado que el descalabro bursátil superó la capacidad de la justicia colombiana. Ahora, será al autoridad disciplinaria la que tendrá que establecer, acto por acto, a quién y por qué se le pueden endilgar maniobras dilatorias. Por lo pronto, la oportunidad de que los ahorradores estafados vean justicia ya se esfumó.
